(Ilustración: Giovanni Tazza).
(Ilustración: Giovanni Tazza).
Fernando Rospigliosi

Mientras en Brasil un ex presidente, ex ministros, altos funcionarios y los principales grandes empresarios ya están sentenciados y cumpliendo sus condenas por Lava Jato, en el Perú todos los peces gordos involucrados en ese caso de corrupción –el más grande en las últimas décadas– están en libertad y sus juicios ni siquiera han empezado.

El Tribunal Constitucional (TC) acaba de enmendarle la plana a la fiscalía y al Poder Judicial anulando la prisión preventiva de Ollanta Humala y Nadine Heredia, precisamente cuando un alto funcionario de Odebrecht, Luiz Mameri, el superior inmediato de Jorge Barata, ha confirmado que autorizó que se les entregue US$3 millones en el 2011.

Uno de los argumentos fuertes de la fiscalía para demandar la prisión preventiva son los antecedentes de Humala y Heredia en el Caso Madre Mía, cuando compraron testigos –según denunció la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos– y maniobraron para influir indebidamente en el sistema judicial, tanto en ese caso como en el del ‘andahuaylazo’, según consta en las agendas de Heredia.

Frases de esas agendas como “el juez se puede escoger”, “captar gente en el Poder Judicial” o “documento para que Yalico pida a la sala cumplir la resolución de Yalico” (el entonces juez Edwin Yalico limpió a Humala en el proceso del ‘andahuaylazo’ y luego fue premiado con empleos en el gobierno de Humala) son reveladoras de las artimañas usadas por la pareja.

También son conocidas las aparentes tretas de Heredia para lavar el dinero presuntamente enviado por Hugo Chávez y Nicolás Maduro para la campaña del 2006 y que quedó en su poder. Las falsas consultorías sobre palma aceitera o exóticos productos para la calvicie a empresas vinculadas a Martín Belaunde –tal como este ha reconocido– fueron mecanismos empleados en esa ocasión.

A pesar de eso y de que Humala y Heredia, no obstante su desprestigio, siguen teniendo cierta influencia política que obviamente utilizarán para tratar de trabar los procesos que afrontarán, el TC ha revocado la decisión tomada en tres instancias por el Poder Judicial.

En efecto, ellos cuentan todavía con un partido con inscripción vigente –el 2016 retiraron a su impresentable candidato a sabiendas de que no pasaría la valla–, y tratarán de utilizarlo para recobrar algo de peso político. Y tienen el respaldo del antifujimorismo transformado en antikeikismo (que paradójicamente incluye a Alberto y Kenji Fujimori). El antikeikismo ha cerrado filas para hacer campaña por la libertad de la pareja –justificándose con argumentos jurídicos–, como lo hicieron el 2011, a pesar de que en esa ocasión ya se sabía de Madre Mía y de las ficticias consultorías de Heredia.

Tampoco le importan a ese sector las groseras mentiras de Heredia sobre las agendas o su negativa a reconocer el millonario desembolso de los brasileños en la campaña del 2011, confirmado por los colaboradores eficaces de Odebrecht. Predomina siempre la simpatía política sobre la justicia.

Uno de los argumentos adoptados para la defensa de la pareja es que igual serán procesados en libertad. El asunto es que ahora tendrán muchas mayores oportunidades de usar su dinero e influencia para intervenir en el sistema judicial, retardando todo lo posible el ya lentísimo desarrollo de los procesos. La tardanza juega a su favor, tanto porque pueden recobrar algo de poder, como porque la opinión pública irá olvidando su caso, velado por los nuevos problemas y los nuevos escándalos de corrupción que aparecerán.

Otro de los absurdos argumentos que se utilizan a favor de la pareja es que si todos los corruptos no están presos, todos deben estar libres. Con ese razonamiento las cárceles deberían estar vacías, porque por cada delincuente detenido debe haber decenas o centenares de su misma condición libres.

Finalmente, el impacto de esta liberación sobre la opinión pública probablemente será devastador. Hoy por hoy ningún pez gordo, ni político ni empresario está preso, y los procesos, como se ha dicho, tardarán años en empezar y muchos más años en concluir después de todas las demoras y apelaciones posibles. ¿Alguien cree que para el bicentenario en 2021 alguno de los delincuentes importantes vinculados al Caso Lava Jato estará con sentencia firme?

Algunos ingenuos bienintencionados dicen que la corrupción se combate con la enseñanza. ¡Qué importancia pueden tener clases de moral y ética en colegios y universidades si lo que los peruanos observan todos los días es a los delincuentes libres gozando de sus fortunas mal habidas!

Sin duda eso es un incentivo a la comisión de delitos, a todo nivel.