Lima gris y endeudada

Imagínese que usted pide prestado al 10% anual para construir una casa que todavía no ha diseñado, deja casi todo el dinero en el banco a una tasa bastante menor y compromete seis de cada diez soles de su sueldo durante 20 años. Ningún asesor sensato se lo recomendaría. La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) lleva tres años haciéndolo.

Según el Consejo Fiscal (CF), entre el 2023 y el 2025 la gestión de Rafael López Aliaga colocó bonos por S/4.000 millones, sin aval del Estado y a tasas cercanas al 10%. La deuda llegó a S/5.045 millones, casi tres veces y medio el límite de la regla fiscal, y el Instituto Peruano de Economía ya la ubica en unos S/5.400 millones. Como garantía, se entregó a un fideicomiso el predial, la alcabala, el Impuesto Vehicular, el Foncomún y los tragamonedas: el 61% de los ingresos municipales. El CF estima que la deuda absorberá cerca de un cuarto de ellos.

Se dirá que endeudarse no es pecado si el dinero se convierte en obras. El problema es que casi no se convierte. A julio del 2026, los 58 proyectos financiados con los bonos tenían un avance financiero de 24,6%, y 33 seguían en 0% de avance físico. En el 2024, con S/2.455 millones captados, la MML invirtió S/497 millones, casi su promedio histórico. Lo que sí apareció fue una transferencia de S/494 millones a la Organización Internacional para las Migraciones para que ejecute lo que la municipalidad no ejecuta.

Y los intereses corren. En el 2025, Lima pagó S/276 millones en intereses y apenas recuperó S/124 millones por la plata depositada: pagar 10% por dinero en buena parte ocioso le costó S/152 millones netos. Entre el 2028 y el 2035, el servicio de la deuda superará los S/500 millones anuales, más de lo que la ciudad invierte en un año promedio. A ello se añaden S/993 millones en laudos y sentencias firmes, en buena parte heredados, y otros S/4.907 millones en juicios que podrían perderse.

¿Cómo pasó esto pese a las advertencias del CF? Porque nadie podía frenarlo. La MML tiene dos calificaciones de nivel A o superior y, por ello, está exceptuada de las reglas fiscales. Pero son notas locales, entre cinco y ocho escalones por encima de las globales, que miden el riesgo de que el acreedor no cobre, no el de que el vecino se quede sin obras. Ni siquiera alcanza el auxilio del Congreso, que dio a Lima más IGV y Foncomún: el CF proyecta flujos negativos por S/2.609 millones hasta el 2035; sin esa ayuda, los flujos negativos llegarían hasta el 2045. Y como esa plata deja de ir al Gobierno Central, el resto del país ya paga parte de la cuenta de Lima.

La pregunta incómoda: ¿quién gana? Los bonistas no: cobran lo justo por el riesgo que asumen. Gana el alcalde que corta la cinta de la emisión, no la de la obra. Gana la narrativa de la obra prometida, que se cobra hoy en titulares y se paga mañana en cuotas. El vecino, en cambio, ya empeñó su predial sin que nadie se lo preguntara.

Lima no se endeudó para invertir: se endeudó para anunciar. Y la cuenta la pagarán alcaldes que aún no han sido elegidos, con impuestos que los vecinos todavía no han pagado.