¿Los cambios normativos del gobierno representan un avance en la lucha contra la criminalidad organizada?

El principal desafío de las medidas propuestas en seguridad ciudadana no radica solo en su contenido, sino en cómo se implementarán. Aunque el Gobierno anuncia un plan “próximo”, aún no existe una fecha confirmada de presentación ni objetivos claros que permitan evaluar su efectividad.

Un reciente informe de la contraloría expone la realidad operativa: las comisarías del país enfrentan serias carencias en infraestructura, equipamiento y telecomunicaciones. Estas brechas, documentadas previamente por diversas fuentes, plantean una interrogante fundamental: ¿cómo se ejecutarán medidas extraordinarias y urgentes en un contexto operativo tan limitado?

La pregunta no es retórica. Los anuncios gubernamentales en materia de seguridad han adolecido de una desconexión entre la ambición declarada y la capacidad real de ejecución. Las medidas contra la extorsión, el sicariato o las nuevas regulaciones para motociclistas pueden parecer contundentes en el papel, pero su eficacia depende críticamente de los recursos humanos, tecnológicos y logísticos disponibles para implementarlas.

En este sentido, resulta imprescindible que el Ejecutivo presente no solo el plan de acción, sino también una estrategia integral de gestión de recursos. Si las medidas no vienen acompañadas por asignaciones presupuestales y equipos especializados que ejecuten eficientemente el gasto y realicen las adquisiciones necesarias, el impacto será mínimo. La experiencia ha demostrado que cargar presupuesto disponible sin capacidad de gestión equivale a recursos desperdiciados.

Para que cualquier medida represente un avance real en la lucha contra la criminalidad, debe tener una estrategia clara de implementación, objetivos medibles y mecanismos efectivos de ejecución presupuestal. Sin estos elementos, corremos el riesgo de sumar otro capítulo más al extenso historial de promesas incumplidas en seguridad.

La Ley 32490 para enfrentar la extorsión y el sicariato en el transporte público y de carga se sustenta en la intervención operativa, preventiva, informativa y analítica para responder en tiempo real a las amenazas desde un vigente Sistema de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Cibernética e Inteligencia (C5i), que no existe ni en Lima ni a escala nacional.

En el Perú solo hay algunos C3; es decir, centros de comando y control con sistemas básicos de despacho en ciertos distritos. Un verdadero C5i exige, solo para Lima, un proyecto de inversión pública de al menos US$500 millones, infraestructura tecnológica de alta seguridad y un plazo mínimo de tres años para su ejecución. Afirmar que el Perú ya cuenta con uno es, técnicamente, un cuento chino hecho ley.

Dicha norma crea un fondo de “apoyo financiero posdelito” con bienes incautados a extorsionadores y sicarios. El problema es que estos delincuentes rara vez poseen bienes a su nombre, evitan los Registros Públicos y usan medios robados o alquilados. En casos de extorsión y sicariato, la justicia peruana prácticamente no ha incautado bienes y existen muy pocos condenados. En la práctica, el fondo resultará inviable.

El Decreto Supremo 009-2026-PCM establece que las entidades financieras deben aplicar las normas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para detectar movimientos extorsivos. Sin embargo, el actual umbral de reporte es de US$10.000 por transacción, muy superior a los montos usuales de extorsión. Modificar todo el sistema financiero para este fin resulta impracticable.

Finalmente, se prohíbe a dos adultos en una motocicleta. Solo en Lima y Callao hay cientos de miles de usuarios. El sicariato no es un problema de tránsito, es un tema de investigación criminal, tecnología e inteligencia. El sicario mata de sorpresa. No tenemos operatividad policial sostenible. La medida terminará siendo fuente de corrupción y otro cuento chino con gran perjuicio ciudadano.