En cada campaña electoral, la educación aparece como prioridad. El 2026 no es la excepción. Los principales candidatos coinciden en que sin capital humano no hay crecimiento, productividad ni empleo formal. Pero cuando se revisan sus planes con mayor detenimiento, el problema no es la ausencia de propuestas. El vacío está en la arquitectura para ejecutarlas, en el “cómo” y en los mecanismos de rendición de cuentas que garanticen lo prometido.
El Perú no está estancado por falta de recursos naturales. Está estancado porque no forma a su gente para los trabajos que hoy existen ni para los que vendrán. Seguimos produciendo trayectorias frágiles: jóvenes con títulos que no garantizan competencias, empleos de baja productividad y una economía que no despega de la informalidad estructural. La brecha entre educación y empleo no es accidental: es el resultado de decisiones postergadas, reformas inconclusas y políticas que se anuncian, pero no se sostienen ni se evalúan.
El primer vacío común es la implementación. Se promete más infraestructura, conectividad, tecnología y formación técnica. Pero pocas veces se responde cuánto costará, en qué plazo se ejecutará, qué capacidades institucionales se requieren, qué se dejará de hacer para financiarlo y quién será responsable de los resultados. Tampoco se detalla cómo se fortalecerá la gestión regional y local, donde se ejecuta la mayor parte del presupuesto educativo. Sin claridad presupuestal, cronograma público y responsables sujetos a evaluación, la educación se convierte en declaración antes que en política pública.
El segundo vacío es el docente. Se menciona capacitación, pero casi nunca se aborda integralmente la carrera: atraer talento joven con incentivos adecuados, elevar la calidad de la formación inicial, acompañar en servicio, reducir la sobrecarga administrativa y ofrecer incentivos reales para trabajar en zonas rurales o en especialidades críticas como valores ciudadanos, ciencia y matemática. Además, se evita discutir cómo fortalecer la dirección escolar y profesionalizar la gestión de las instituciones educativas. Ningún sistema mejora sin fortalecer la profesión docente y el liderazgo pedagógico, con metas claras y evaluación permanente.
El tercer vacío es el aprendizaje medible. Se habla de calidad, pero rara vez se establecen metas verificables en comprensión lectora, matemática o permanencia escolar, ni se define cómo se publicarán avances o qué consecuencias tendrá el incumplimiento. La mejora exige evaluación continua, transparencia y decisiones basadas en evidencia.
El cuarto vacío es la infraestructura sostenible. El país arrastra una brecha enorme cuya atención anual es mínima frente a su magnitud. Construir aulas es indispensable, pero mantenerlas, asegurar servicios básicos, gestionar riesgos y blindar las obras frente a la corrupción es igual de urgente. La inversión sin mantenimiento ni supervisión efectiva es una forma silenciosa de retroceso.
El quinto vacío es la tecnología sin estrategia pedagógica ni seguimiento. Tablets, conectividad e inteligencia artificial pueden ser herramientas poderosas, pero sin capacitación docente, soporte técnico, reposición planificada y evaluación de impacto con indicadores públicos, terminan siendo gasto antes que inversión.
El 2026 no debería ser una competencia de promesas educativas, sino de planes ejecutables con metas claras, cronogramas verificables y responsables identificables. El próximo gobierno tendrá que decidir si la educación seguirá siendo discurso o si se convierte en la base real del empleo, la productividad y el desarrollo sostenible. El país no necesita más anuncios. Necesita saber cómo se hará, quién responderá por los resultados y qué ocurrirá si no se cumplen.
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