La corrupción es el abuso del poder, público o privado, para obtener beneficios indebidos en perjuicio de los demás. En el Perú, la corrupción es un sistema que nos envuelve a todos los peruanos, ninguno puede afirmar con honestidad que no ha sido testigo, víctima o cómplice silencioso de la corrupción. Está en los trámites, en los favores, en las omisiones; en la normalización e indiferencia frente al abuso.
Allí donde reina, la corrupción socava y disuelve la confianza en la democracia y sus instituciones porque los ciudadanos consideran que el Estado y sus instituciones no solo no les son funcionales ni útiles, sino que pueden ser usados en su contra: el Estado como amenaza. Así, se deslegitima el sistema.
Machu Picchu es el destino turístico más importante del país y una de las nuevas maravillas del mundo. Y somos incapaces de cuidarla y administrarla adecuadamente tras haber cedido el control, sin oponer resistencia, a las distintas mafias que se han apropiado de ella. En enero del 2024, el colectivo Popular del Distrito de Machu Picchu bloqueó la vía de acceso a la ciudadela para impedir que los tickets de entrada se vendieran de manera transparente en una plataforma virtual. Ellos querían encargarse de la venta, obteniendo ganancias indebidas y generando en el camino un enorme desprestigio en el ámbito internacional.
Como en nuestro país la corrupción y la violencia se han convertido en mecanismo válidos de negociación, dicho colectivo se salió con la suya y capturó una renta del Estado (la venta de tickets), en perjuicio de todos los demás peruanos. Al caos generado se suma el incentivo perverso adicional: los turistas son obligados a pasar más días de los necesarios en Aguas Calientes, para que generen ingresos a restaurantes y hoteles, antes de poder comprar un ticket.
Hace unos días, otro bloqueo afectó el acceso a la ciudadela, impidiendo que los turistas pudieran regresar sanos y salvos a sus hoteles y causando que New7Wonders advirtiera que Machu Picchu puede perder la calificación de maravilla del mundo. Esta vez no fueron los tickets sino la concesión del transporte: el Comité de Lucha de las Comunidades de Machu Picchu exige que sea la empresa de transportes San Antonio de Torontoy la única que opere el servicio de turistas. El contrato de concesión anterior venció hace meses sin que se haya, a través de una licitación pública, elegido de manera ordenada y transparente a la empresa que pueda brindar este servicio en las mejores condiciones. El comité de lucha quiere que se adjudique a dedo a quien recibirá las enormes rentas del transporte.
La corrupción genera incertidumbre e inestabilidad, incentiva la informalidad, la violencia y la ilegalidad, con la consiguiente pérdida de recursos para la región. Rogers Valencia, presidente del Incuse, calcula que, durante los cinco días de cierre y bloqueos de la semana pasada, se han perdido más de US$4 millones; y Fernando Santoyo, presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, considera que el Perú podría perder US$300 millones en el 2026 por las cancelaciones.
¿Cómo arreglamos esto? Primero, debemos admitir que nuestras instituciones rentistas y la renuncia del Estado nos han llevado a esta situación. Luego, urge poner el ejercicio del poder al servicio del ciudadano y del desarrollo del país, de manera transparente, ética y eficiente. Necesitamos un Estado que enfrente a las mafias. Machu Picchu es apenas el ejemplo más reciente del caos en el que vivimos.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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