¿Mano dura y Estado débil?

Las economías ilegales han crecido de manera explosiva en el Perú no solo gracias al aumento de precio del oro, del cobre y, ahora último, de la plata, sino también por la fragilidad extrema del Estado Peruano.

¿Cómo superar esta fragilidad? No hay una receta, pero fortaleza no es sinónimo de mano dura ni menos aún de dictadura. Un Estado fuerte, sea del tamaño que sea, requiere legitimidad; esto es, reconocimiento de su autoridad por la población, capacidad efectiva para hacer cumplir las leyes y una cultura contraria a la corrupción, además de grados de diferencias sociales y territoriales aceptables para permitir el ejercicio ciudadano compartido.

¿Cómo derrotar al poder ilegal, entonces, con un Estado que carece de todas esas condiciones, es decir, con un Estado frágil? El objetivo no se logrará ni será sostenible con penas más elevadas, jueces sin rostro, detenciones arbitrarias y estados de emergencia permanentes. Aunque es indudable que hará falta aplicar medidas excepcionales, hacerlo sin aliarse con la población y sin respetar derechos, es decir, sin democracia, no hará sino alimentar la desconfianza de un amplio sector de la población frente a su Estado.

En el Perú, el poder ilegal atraviesa la economía, la política y la sociedad. El crimen organizado tiene un gran poder económico, hay corrupción en el interior de los organismos estatales y un considerable porcentaje de las personas considera que la minería informal –e incluso la ilegal– es un quehacer productivo aceptable.

Vencer a la delincuencia –la de las extorsiones y otros delitos del día a día– no es lo mismo que derrotar a Sendero Luminoso o al MRTA. Aquellas eran organizaciones centralizadas; estas, no. Cuando la Policía Nacional detuvo a Abimael Guzmán, golpeó a Sendero en la médula. La delincuencia de hoy no tiene una sola cabeza al mando. Además, la organización y el mercado ilegal son flexibles y, en muchos casos, transnacionales.

Volviendo a lo macro y continuando con el paralelo, otra diferencia fundamental es que tanto Sendero como el MRTA actuaban –terrorismo incluido– para destruir el Estado y “construir uno nuevo”; el crimen organizado, en cambio, tiene como objetivo capturar el Estado actual. La delincuencia busca colocar gobernadores, parlamentarios y alcaldes; la subversión los mataba. A pesar de que ambos generan y alientan la violencia, se trata de fenómenos radicalmente distintos.

Ahora la estrategia tiene que incluir reformas radicales del Estado, que lo empoderen y devuelvan la confianza en sus instituciones y sus funcionarios.