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El margen de error, por César Azabache

“Se considera que un juzgado tiene una carga de trabajo ‘aceptable’ si mantiene 450 casos abiertos al mismo tiempo. En un año, eso exige resolver 1,6 casos por día”.

Tazza

“Un juez promedio está obligado a firmar por día una cantidad intolerable de decisiones sobre casos que es imposible que haya podido revisar apropiadamente”. (Ilustración: Giovanni Tazza)

Hace algunos días, en una visita de rutina, me topé con los registros de una fiscalía dedicada a la investigación de delitos comunes. Encontré 1.800 casos recibidos en solo un año, el 2018. Esa oficina, aunque tiene aproximadamente cuatro asistentes y un adjunto, está manejada por un solo magistrado que, en consecuencia, tiene que tomar todas las decisiones que allí se producen.

Son 1.800 casos en solo un año. Hagamos números: un año tiene 270 días útiles, sin descontar los feriados. Cada día tiene 8 horas laborables. El tiempo, aunque a veces lo pasamos por alto, es un recurso escaso. Tiene límites. Se acaba y de pronto ya no hay más. Supongamos por un momento que el despacho del que hablo ahora comenzó el año sin ningún caso pendiente (algo imposible). Aun así, ¿cuánto tiempo puede dedicar su titular para atender con cuidado cada uno de los 1.800 asuntos? Para no arrastrar casos al año siguiente (algo también imposible), el fiscal a cargo de este despacho tendría que resolver casi siete casos al día; alrededor de uno por hora. Si en lugar de recibir 1.800 asuntos hubiera recibido la mitad (900) entonces tendría que resolver, por completo, 3,5 casos por día.

¿Cómo se investiga un delito común en esas condiciones?

Usualmente se considera que un juzgado tiene una carga de trabajo “aceptable” si mantiene 450 casos abiertos al mismo tiempo. Pero 450 casos abiertos en un año exigen resolver 1,6 casos por día. Eso equivale aproximadamente a 3 casos cada dos días. ¿Realmente creemos que alguien puede hacer eso? Si la respuesta es “no” (y yo creo que es un “no” rotundo), ¿en qué estamos confiando cuando intentamos confiar en nuestra justicia?

Un juez promedio está obligado a firmar por día una cantidad intolerable de decisiones sobre casos que es imposible que haya podido revisar apropiadamente. Siempre será posible que su intuición, la notoriedad de un caso, el respeto que siente por alguno de los litigantes o por alguna de las partes le haga “tomar especialmente en serio” un caso en particular. Pero, ¿resolvemos algo con eso? Con suerte, este trato diferenciado hacia un asunto se inspirará en razones subjetivas nobles. Pero nada impide que se inspire en un soborno, en las influencias de alguien o en el más puro y simple clientelismo. Un magistrado promedio puede llegar a tomar demasiadas decisiones a ciegas o casi a ciegas, dependiendo enormemente de sus asistentes. Y toma decisiones sobre situaciones que comprometen la protección de personas, la reparación de daños o el castigo de responsables por delitos.

Agreguemos a esto la velocidad con que cambian de ubicación los magistrados en nuestro medio. Las reglas del derecho suponen que los jueces deben ser inamovibles. Pero en nuestro sistema cambian de sede, de especialidad o ascienden como “provisionales” a otros puestos. La rotación de magistrados provoca una bajada a “0” en la curva de aprendizaje que haya logrado alcanzar quien se va sobre los casos que deja en otras manos. El nuevo magistrado no conoce los casos que recibe. Y eso multiplica la cantidad de tiempo que hace falta para cada asunto pendiente.

Llegado a este punto hago usualmente esta pregunta: ¿Cuántos jueces conoce usted? No me refiero a jueces notables, como Richard Concepción Carhuancho o, por razones inversas, César Hinostroza. Me refiero a jueces con los que usted pueda interactuar; saludar en la panadería en las mañanas, cruzarse en el mercado. Ninguno, ¿verdad? El sistema no desarrolla ningún espacio de relación directa entre los jueces y las comunidades en las que vivimos. Los jueces, entonces, están ahogados por casos que no logran conocer; toman decisiones sin poder, la gran mayoría de veces, repasar con cuidado las historias sobre las que deciden. Pero, además, son invisibles. Y esa invisibilidad hace que las precarias condiciones de trabajo que les imponemos queden también en la más absoluta penumbra.

Esta es una foto del sistema que se supone que queremos reformar. ¿De veras hay alguien que piense que esto lo arreglamos modificando el procedimiento de designación de magistrados? Lo mejor que lograremos por el camino que transitamos será ahogar a buenos profesionales en papeles que eliminarán por completo toda creatividad y aplastarán su sensibilidad. O peor aún, los entregaremos a un campo minado por nuevas mafias invisibles que se moverán entre pasillos y anaqueles de expedientes polvorientos cuyo tránsito y contenido son casi imposibles de controlar.

John Rawls, uno de los teóricos más importantes de la ética pública de los últimos años, decía que el sistema legal está condenado a trabajar con un importante margen de error. Los procedimientos legales son falibles por definición. Pero es terrible que, además de vivir en medio de esa trágica condena, multipliquemos exponencialmente el margen de error del sistema haciéndolo trabajar en las condiciones que le imponemos diariamente.

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