Según informó la propia Barreto ayer a través de un comunicado, la apartan del cargo seis meses por tres razones. “Haber ordenado a la fiscal provincial Naomi Bustillos Tamayo denunciar al periodista Carlos Paredes Rojas; haber escrito artículos para un libro de derecho penal con la participación de un fiscal del Eficcop, y haber ‘filtrado’ información al periodista Carlos Paredes Rojas, del programa ‘Contracorriente’ en Willax. Al respecto, niego categóricamente estos tres hechos”, sostuvo Barreto en su declaración pública.
Lo cierto es que Paredes fue denunciado por la fiscal Bustillos por resistencia a la autoridad. En el 2022, Paredes Rojas difundió un reportaje sobre irregularidades en el nombramiento de Hugo Chávez como presidente de Petro-Perú. Cuando ese año la fiscalía solicitó el audio que se usó en el informe periodístico, no pudieron entregarlo porque no lo tenían. Dos años después lo denuncian.
Respecto de los artículos, la denuncia apunta que el fiscal James Reátegui Sánchez estaría abocado a escribir publicaciones académicas para el Eficcop en vez de cumplir las funciones para las que fue destacado al equipo especial. Sobre la filtración de información, el periodista alega que Barreto le entregó información reservada sobre un caso que involucra al congresista Guillermo Bermejo.
La relación fuente-periodista es sagrada en cuanto a la confidencialidad de la información que se maneja. Según Carlos Paredes, él se vio obligado a romper este acuerdo tácito por dos razones: porque la fiscal reveló su identidad como testigo protegido en un caso de corrupción, aduciendo incluso que el periodista era informante de la policía, y porque se enteró que la fiscal Barreto había pedido que se denunciara al periodista por extorsión; es decir, por supuestamente haber amenazado a testigos para no declarar contra Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda.
Cumplido el plazo de seis meses, la ANC del Ministerio Público puede decidir que Barreto regrese a sus funciones o recomendar su destitución, una medida que solo puede ejecutar la Junta Nacional de Justicia (JNJ). La fiscal también podría solicitar un amparo judicial para volver a sus funciones, como hizo el fiscal Rafael Vela.
El caso de Marita Barreto es uno más que se añade a otros en los que los fiscales estarían siendo procesados por irregularidades, como, por ejemplo, el de la fiscal de Lavado de Activos Elizabeth Peralta, también suspendida por la ANC del Ministerio Público.
Además, está pendiente que el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, decida si se abre investigación preliminar contra el fiscal José Domingo Pérez por un presunto desbalance patrimonial.
No es novedad afirmar que el Ministerio Público atraviesa una grave crisis interna sin visos de solución, y que los más perjudicados son los ciudadanos, pues la institución que debe perseguir el delito con objetividad y transparencia tiene a varios de sus integrantes inmersos en denuncias por irregularidades y, en algunos casos, convertidos en actores políticos.
Sin un Ministerio Público independiente y probo, no hay garantía de una verdadera justicia.
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