Las bancadas de Contigo y Alianza para el Progreso han defendido el proceso de elección de candidatos al TC. (Foto: Difusión)
Las bancadas de Contigo y Alianza para el Progreso han defendido el proceso de elección de candidatos al TC. (Foto: Difusión)
Federico Salazar

Periodista

Asesinan y descuartizan en San Martín de Porres. Abofetean a un comisario en San Juan de Lurigancho. El Congreso acelera la designación de miembros del Tribunal Constitucional. El Ejecutivo plantea recortar mandatos congresal y presidencial. Hay algo común en lo que pasa: la inseguridad.

Hay inseguridad en las calles, pero también en la política y en las instituciones. Hay inseguridad ciudadana, pero también jurídica e, incluso, cierta inseguridad constitucional.

El efecto de la inseguridad es no saber lo que va a pasar. La función originaria y primordial de cualquier Estado es la seguridad. Los ciudadanos deben saber cuáles serán las consecuencias de sus actos y las de los actos de los demás.

El presidente Vizcarra ha dicho a los pequeños empresarios: “Creemos en la inversión… Ofrecemos seguridad jurídica”. Se comprometió, además, a fortalecer las capacidades de las pequeñas y medianas empresas (pymes). Lo dijo en Expopyme 2019.

Si es sincero con estos empresarios, Vizcarra debería definirse. ¿Terminará su mandato o insistirá en fórmulas para no hacerlo?

La inseguridad no se reduce a no tener idea de lo que hará el Ejecutivo. Debemos estar seguros, además, de que las leyes no van a cambiar a cada rato.

¿El Congreso se queda o se va? Según la Constitución, el Congreso debe cumplir mandato hasta el 2021. El Ejecutivo debe anunciar que desiste de su propuesta de adelanto de elecciones. Así dará a las pymes (y al país) una parte de la seguridad jurídica a la que puede contribuir.

¿Y qué haría Vizcarra con su propuesta? ¿Solamente retirarla?

Vizcarra no puede retroceder sin llevarse algo. El Congreso debe ofrecer algo. No se necesita un documento y ni siquiera una conversación. A todos convendría, mucho más, un acuerdo tácito.

El Congreso, en general, no ha obstruido acciones de gobierno. Se ha ganado el rechazo popular en otra área: el blindaje, la desidia, la ineficiencia y hasta la hostilidad mostrada frente a los procesos anticorrupción.

No hay, como dice el Ejecutivo, un “entrampamiento de tres años”. Lo que hay es un lastre en la lucha contra la corrupción. ¿Cómo hacer los cambios con representantes que han perdido legitimidad o que han sido directamente señalados por corrupción o delito común?

El Caso Donayre es emblemático. Sus defensores fujimoristas tienen parte de la responsabilidad política. Tenía sentencia del Poder Judicial, pero el Congreso demoró en el desafuero, aunque finalmente levantó la inmunidad.

La policía, sin embargo, falló en hacerle el seguimiento y en hacer cumplir la orden de arresto. A cambio de eso, se han ofrecido 100 mil soles para quien quiera cumplir la tarea que no hizo inteligencia de la PNP.

Otro caso flagrante es el de Moisés Mamani, el congresista de Fuerza Popular que grabó, como hacen los delincuentes, a congresistas kenjistas, a un ministro y al propio Pedro Pablo Kuczynski. Tiene acusaciones por lavado de activos y propiedades por más de US$9 millones.

Acusado del delito de tocamientos indebidos, se le levantó el fuero para la investigación fiscal. La fiscal, sin embargo, declaró caso complejo y amplió en ocho meses el plazo de investigación. Esa demora es de la fiscalía, no del Congreso.

Las grabaciones subrepticias que hizo Mamani en pleno tinglado de Fuerza Popular contra PPK fueron coordinadas con miembros de ese grupo. Él mismo lo dijo. Daniel Salaverry, entonces vocero de FP, encabezó la conferencia de prensa en la que se exhibieron los ‘mamanivideos’. Ambos están ahora suspendidos.

Hay más casos y más congresistas que han contribuido con el desprestigio y la pérdida de legitimidad del Congreso. Los que no se quieran identificar con las conductas tipo Donayre o Mamani deben dejar de lado una confrontación estéril y a veces infantil.

Debe haber congresistas que quieran ayudar a recuperar la legitimidad del Congreso y ayudar, de paso, a darle una salida a Vizcarra. Ese grupo debe ofrecer celeridad y contundencia en los procesos contra los congresistas que falta acusar y procesar.

Limpiar el Congreso. Ese debe ser el objetivo político, tácito pero claro, que devuelva algo de estabilidad a la escena nacional.