La denuncia penal sobre el manejo doloso de las pruebas rápidas o serológicas durante la pandemia del COVID-19 podría seguir siendo investigada.
Por poderoso que sea el reino de la impunidad en el Perú, no hay forma de tapar el sol con un dedo: más temprano que tarde, el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, o quien lo suceda en el cargo, probablemente tendrá que corregir el error o la presión que llevó al archivamiento de esa denuncia penal.
No estamos ante un hecho que solo compromete el respetable ámbito jurisdiccional del fiscal Villena. Es la institución del Ministerio Público la que resulta igualmente comprometida con esta decisión que afecta gravemente la legalidad y la justicia del país.
Por frágil que sea la memoria de los peruanos, nuestro Estado de derecho –que para algo lo tenemos vigente– no puede darle la espalda al horroroso saldo de muertes y daños colaterales causados por las ineficaces pruebas rápidas que se compraron en oscuras transacciones entre funcionarios del Estado y funcionarios chinos.
La oportunidad de oro que se le abre al fiscal Villena para enmendar su cuestionable resolución la tiene a la mano en el propio Código Procesal Penal, que contempla el reexamen de un archivamiento cuando existen elementos nuevos que no fueron incorporados ni debidamente valorados en la investigación.
Entre esos elementos nuevos (declaraciones, testimonios y documentos), figuran aquellos que forman parte de las evidencias procesadas por la Comisión de Fiscalización del Congreso sobre las supuestas responsabilidades del expresidente Martín Vizcarra, la exministra de Economía y Finanzas María Antonieta Alva y el exministro de Salud Víctor Zamora.
Es fuente de investigación importante, por ejemplo, la reunión del 18 de marzo del 2020, en el Ministerio de Economía y Finanzas, citada con frecuencia por la exprocuradora anticorrupción Katherine Ampuero, en la que el Gobierno Peruano habría no solo definido los términos de compra de las pruebas rápidas con los proveedores chinos, sino cambiado también todo el marco normativo que permitiría en adelante usar las pruebas rápidas en reemplazo de las moleculares.
Así, se habrían saltado olímpicamente y de un solo golpe las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud dando lugar, además, a la renuncia de la entonces ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, y la designación en el puesto de Víctor Zamora.
Si se trata de un error que el sistema procesal le permite enmendar mediante la incorporación de aquellos elementos omitidos en la investigación, Villena tendrá un arreglo de responsabilidad y conciencia firme y rápido.
Si actuó respondiendo a alguna presión interna o externa, solo él sabrá de qué manera saldrá de este aprieto, que no es en los zapatos, sino en la alta investidura que carga como fiscal de la Nación en un gravísimo caso de corrupción y derechos humanos que no puede quedar impune.
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Lima
