El presidente Martín Vizcarra dijo que el acuerdo tiene que firmarse con el apoyo del Ministerio Público. (Foto: Difusión / Video: Canal N)
El presidente Martín Vizcarra dijo que el acuerdo tiene que firmarse con el apoyo del Ministerio Público. (Foto: Difusión / Video: Canal N)
Fernando Rospigliosi

El fujimorismo está de regreso y más fuerte que nunca, encabezado ahora por el presidente Martín Vizcarra. El descarado intento de tomar el control del Ministerio Público se parece como una gota de agua a lo que hizo Alberto Fujimori luego del golpe del 5 de abril.

Esta vez no han salido los tanques a la calle porque sencillamente no es necesario. En verdad, tampoco en 1992 los requerían. Aquella vez actuaron con criterios del pasado y montaron una escenografía que era clásica en los años sesenta y setenta. La plantilla de ese golpe fue calcada de un plan que prepararon algunos militares –varios de los cuales habían participado en la dictadura de la década del setenta– en 1989 para derrocar a Alan García. También Vladimiro Montesinos, que fue el artífice del 5 de abril, fue parte de la dictadura de los setenta, por eso montó la decoración a la que estaban acostumbrados en aquella época.

Hoy día ya nadie saca los tanques a la calle. La novedad, que inauguró Fujimori en 1992 y que se ha repetido desde entonces innumerables veces en América Latina y en el mundo con distintas variantes, es que un presidente que ha llegado al gobierno con el voto popular empieza a minar las bases mismas de la democracia, como la división y separación de poderes, y mediante diversos dispositivos intenta controlar las instituciones para perpetuarse en el poder. Uno de los típicos mecanismos a los que suelen recurrir los aspirantes a gobernantes autoritarios son los referéndums.

Para hacer eso una condición fundamental es tener un amplio respaldo popular, que es lo que logró Fujimori atacando primero al Congreso y al sistema judicial y luego interviniéndolos. Vizcarra tiene ahora un apoyo similar al de Fujimori y lo ha obtenido igualmente agrediendo a las mismas desprestigiadas instituciones.

Muchos creyeron en la sinceridad de Fujimori en ese entonces, y estuvieron dispuestos a disculpar y tolerar el aplastamiento de la democracia en función de lo que consideraban un bien mayor, la lucha contra la corrupción y la reforma del sistema político y el sistema de justicia. Los resultados fueron ampliamente conocidos después.

Hoy día vivimos un proceso similar. Paradójicamente, la coalición antifujimorista, o mejor dicho, antikeikista, se ha convertido en la más entusiasta defensora del neofujimorismo y están endiosando a niveles ridículos y patéticos al presidente Martín Vizcarra y personajes como el descentrado fiscal Domingo Pérez.

En realidad, en esa coalición, además de los ingenuos que creen que están luchando contra la corrupción y haciendo historia, hay gente muy corrupta que hasta ahora está saliendo bien librada del Caso Lava Jato y que espera beneficiarse con el control de las instituciones que están conquistando.

Ahora van por la cabeza de Pedro Chávarry y la sujeción del Ministerio Público, institución que hoy tiene un inmenso poder. Esa es una pieza fundamental de su estrategia, como he advertido repetidamente en esta columna.

No recuerdo, ni siquiera cuando Montesinos controlaba los medios, una campaña de demolición tan sistemática y prolongada contra un personaje público. Para ello han usado también a la facción de la fiscalía que controlan, acusando a Chávarry –sin prueba alguna– de ser parte de una organización criminal y de obstruir el proceso a Keiko Fujimori. El presidente Vizcarra ha socavado constantemente su posición, por ejemplo respaldando públicamente a los fiscales disidentes, y después, cínicamente, argumentando que deben destituirlo porque no tiene liderazgo.

Los últimos incidentes en la fiscalía han sido el pretexto para presentar el proyecto para intervenir el Ministerio Público, que ya se conocía públicamente desde octubre.

Chávarry no es un Catón o un Cicerón criollo, sin duda, pero tampoco es el monstruo que han construido adrede para derribarlo y hacerse del poder de la fiscalía.

Como ha señalado el abogado Enrique Ghersi, el proyecto de ley presentado por Vizcarra es “manifiestamente inconstitucional porque no se puede declarar en emergencia un organismo autónomo del Estado. […] romper el Estado de derecho e irrumpir en la independencia de las instituciones fue lo que hizo Fujimori el 5 de abril”. (“Expreso”, 3/1/19). Otra paradoja: ese proyecto fue redactado, según un fiscal supremo, por antiguos antifujimoristas, hoy convertidos en neofujimoristas.

Así como una abrumadora mayoría respaldó a Fujimori, ahora Vizcarra tiene también un altísimo apoyo y lo está usando no para mejorar su muy deficiente gestión de gobierno o para reconstruir las maltrechas instituciones, sino para capturarlas en función de sus intereses particulares y de los poderosos de la coalición que lo sustenta.

Y, como hace un cuarto de siglo, a muy pocos les importa ahora la democracia, la división de poderes, los balances y contrapesos.