"Policías indolentes, desmotivados y poco preparados, comisarios dedicados a sus propios asuntos –o negocios– es alarmantemente usual".
"Policías indolentes, desmotivados y poco preparados, comisarios dedicados a sus propios asuntos –o negocios– es alarmantemente usual".
Fernando Rospigliosi

Analista político

El espantoso drama ocurrido en El Agustino, cuando los de una comisaría ubicada a cuadra y media del incidente no acudieron a socorrer a las víctimas –una madre y sus tres hijos menores de edad que fueron asesinados–, a pesar de los insistentes llamados de los vecinos, no es sorprendente. Es consecuencia del deterioro constante de la . El homicida fue capturado por algunos vecinos cuando huía y los policías, para justificar su inacción, pretendieron atribuirse luego la detención.

El ministro del Interior ha intentado disipar la realidad que se vive con acciones publicitarias y demagógicas, como visitar comisarías luego de los hechos y, peor aún, prometer un decreto de urgencia (DU) para expulsar rápidamente a policías que no cumplan con su deber (“Correo”, 24/12/19).

Una norma de ese tipo ya se emitió durante el segundo gobierno aprista con resultados nefastos. Los malos efectivos sancionados de esa manera acuden al Poder Judicial arguyendo que no se ha respetado el debido proceso, que no han podido ejercer su derecho a la defensa e invariablemente los jueces ordenan reponerlos en la institución y, a veces, pagarles cuantiosas indemnizaciones y ascenderlos. Adicionalmente, esas expulsiones ‘express’ se prestan a abusos de oficiales incompetentes o corruptos, que amenazan con sancionar a sus subordinados si los cuestionan.

Pero eso le importa un comino al ministro del Interior. Él podrá despedir policías y hacer un espectáculo frente a las cámaras. Cuando esos policías regresen por una orden judicial un año o dos después, probablemente él ya no estará en el cargo.

Policías indolentes, desmotivados y poco preparados, comisarios dedicados a sus propios asuntos –o negocios– es alarmantemente usual. Y cada vez se reportan más casos como el de la joven violada en una comisaría en Paramonga, de bandas delincuenciales dedicadas al narcotráfico integradas por policías en el Cusco, o los que robaban contenedores en el Callao protegidos por un coronel de la PNP que precisamente fue repuesto y ascendido luego de haber sido expulsado.

Uno de los problemas cruciales es el de la baja calidad del personal policial, que empeora cada año que pasa. El populismo de los sucesivos gobiernos ha llevado a una insensata carrera en la que los presidentes y ministros del Interior cada año presentan a nuevos miles de policías. Responden de esa manera al pedido del público: queremos más policías en las calles.

Incluso ahora, en la campaña electoral, una candidata de Acción Popular en Lima tiene en su propaganda la consigna de “más policías”, que no solo es una decisión que no corresponde al Congreso al que postula, sino que es demagógica y contraproducente.

Porque todos los años hay miles de policías más y cada vez la seguridad ciudadana está peor. El problema no está en la cantidad sino en la calidad y no se puede, realistamente, tener ambas.

Como producto de ese absurdo populismo, se han ido creando escuelas policiales en todo el país. Actualmente hay 26. La mayoría son pésimas, deplorables. Como hay presión de las más altas autoridades por la cantidad, los requisitos de ingreso se rebajan a mínimos irracionales. Por supuesto, no existen profesores adecuados para todas esas escuelas y la instrucción –si se puede llamar así– que se imparte es malísima. Peor todavía, en muchos casos lo que se aprende es corrupción.

Los encargados de la instrucción son los oficiales de la localidad –no están capacitados para esa tarea– que en muchos casos ni siquiera asisten, sino envían en su lugar a los suboficiales. Un desastre.

Una de las reformas más necesarias –quizá la más importante– que se requiere es cerrar unas 20 escuelas y concentrarse en unas pocas, controlando adecuadamente el ingreso y la educación. Pero esa reforma requiere decisión, liderazgo y valentía, y ninguno de los últimos gobiernos ha estado dispuesto a hacerla porque es impopular. Por el contrario, han insistido en la demagogia de “más policías”, con los resultados que estamos viendo.

En síntesis, contrariando el sentido común, para mejorar la seguridad ciudadana se necesitan mejores policías, calidad y no cantidad.

Otrosí digo. Colateralmente, la ministra de Justicia ha quedado desacreditada por su insensible respuesta al caso de los asesinados en El Agustino. Su posterior intento de rectificar su desatinada respuesta en RPP la hundió más. Y su frase “yo tampoco respaldo mis declaraciones” es digna de El Otorongo de “Perú21”.

Otrosí digo. En el Gobierno siguen preparando el ilegal DU para desarmar a los civiles que adquieren armas legalmente. Se trata de otra medida demagógica que solo favorece a la delincuencia. (Ver, por ejemplo, Alfredo Bullard, “Más armas, menos crímenes”, “Perú21”, 14/12/19).