Más que un discurso: un cálculo de supervivencia

El 28 de julio, con voz enérgica y el puño derecho en alto, Dina Boluarte afirmó que asumió la presidencia tras un golpe de Estado que “amenazó con fracturar el orden democrático”. Añadió que, junto al Congreso, las instituciones del Estado, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional defendieron la libertad y la democracia. El mensaje fue claro: sin ellos, el país habría colapsado. Lejos de rendir cuentas, su intervención fue una jugada política destinada a consolidar alianzas que la protejan una vez que deje el poder.

Lo cierto es que, como casi todos sus antecesores, será investigada. Y en el Perú, además de un abogado hábil y un cura indulgente, todo expresidente necesita una narrativa sólida y respaldo político.

En parte, Boluarte logró su objetivo. Perú Libre protestó con arengas y carteles antes de abandonar el hemiciclo. En contraste, recibió aplausos de bancadas como Alianza para el Progreso (APP), hoy beneficiada con cargos claves. Desde el inicio del mensaje a la nación, Boluarte intentó trazar una línea divisoria entre quienes defienden la democracia y los grupos “radicales”.

El pronunciamiento también tuvo eco en el sistema de justicia. Ernesto Álvarez, expresidente del Tribunal Constitucional, respaldó la propuesta presidencial de reforma judicial. Señaló que el Ministerio Público ha sido utilizado para perseguir a adversarios políticos mediante investigaciones orientadas a desacreditarlos o encarcelarlos.

Desde el ámbito mediático también llegaron muestras de respaldo. Aldo Mariátegui, por ejemplo, publicó una columna titulada “No estuvo tan mal el discurso”, en la que celebró que Boluarte calificara a Cuba, Venezuela y Bolivia como “Estados fallidos”. En tanto, el excongresista José Barba también expresó su acuerdo, y en las redes sociales varios replicaron y aplaudieron esa declaración. Lo inquietante de estos apoyos es que provienen, en su mayoría, de sectores más motivados por enemistades compartidas que por propuestas concretas, muchas de las cuales ni siquiera fueron leídas.

En esa misma lógica de construir pactos, no sorprende que el Gobierno esté por cerrar la compra de aviones de combate por más de US$3.500 millones. No se trata de una falsa disyuntiva entre aviones y hospitales. Pero sí es una cuestión de prioridades. Hoy, el crimen organizado y la inseguridad golpean con fuerza al país. Con la mitad del costo de uno de esos aviones se podría construir un sistema de inteligencia eficaz, capacitar unidades de élite y adquirir tecnología de punta para enfrentar esta amenaza real.

Además, en el Perú las compras militares casi siempre han estado envueltas en sospechas de corrupción, ya que comparten un mismo patrón: secretismo, intermediarios, ausencia de licitación y complicidad entre políticos y altos mandos militares.

Es cierto que Boluarte cumplió un rol clave para evitar el colapso institucional a fines del 2022 y, quizá, la muerte de la democracia. Sin embargo, no debe olvidarse que llegó al poder como vicepresidenta de Pedro Castillo, fue su ministra de Desarrollo e Inclusión Social y respaldó decisiones altamente cuestionables: la crisis del magisterio, la fallida compra de urea, el caos en Migraciones, leyes laborales improvisadas, permisividad frente a economías ilegales y una preocupante fuga de capitales sin control.

Por tal motivo, su más reciente intervención no fue un balance de gestión, sino una pieza política: un intento por construir la narrativa de que ella, el Congreso y las Fuerzas Armadas salvaron la democracia.

Ya como presidenta ha acumulado nuevos desatinos: mintió en cadena nacional sobre los Rolex, permitió el deterioro de Petro-Perú, no reformó Essalud, vulneró en dos ocasiones la regla fiscal y apenas cumplió el 12% de las promesas hechas en su anterior mensaje a la nación.

En ese afán por tejer pactos, conviene estar alertas. No sería extraño que, en los próximos meses, aparezcan aumentos salariales para sus aliados, créditos suplementarios para proyectos de infraestructura o transferencias sin sustento técnico a regiones, medidas que terminarían por poner en riesgo la ya frágil institucionalidad del país.