Niñas forzadas a ser esposas y madres

En menos de una semana, dos indignantes sucesos vinculados a la violencia de género han remecido a la opinión pública. Ayer despertamos con una desgarradora noticia: Juan Peralta Chanca, de 18 años, fue capturado por violar y matar a su hija, una bebe de diez meses. La madre también fue víctima de Peralta, violada a los 14 años y sometida a violencia cotidiana. Días antes, escuchamos con estupor las declaraciones del congresista y exdecano del Colegio de Abogados de Lambayeque, José Balcázar Zelada, de la bancada de Perú Bicentenario (elegido por Perú Libre), quien justificó en medios de comunicación el matrimonio infantil, empleando argumentos seudocientíficos. Ambas noticias tienen un hilo conductor: revelan que las uniones y matrimonios infantiles, tempranos y forzados han sido normalizados por un sector de nuestra sociedad, incluyendo a las autoridades.

Quince millones de mujeres se casan anualmente cuando son niñas y adolescentes a nivel global, a pesar de que existe una serie de tratados y convenciones internacionales para prevenir estas prácticas que vulneran derechos humanos, derechos de las mujeres y derechos de los niños (Crivello y Mann, 2020). La situación en el Perú es preocupante. Un informe de EC Data publicado en mayo, así como una investigación del periodista Hernán Medrano publicada este último domingo, presentan datos alarmantes que nos deben movilizar a la acción: en la última década, el Reniec ha registrado más de cuatro mil matrimonios de niñas de entre diez y 17 años. El 98,4% de dichos casos corresponde a niñas o adolescentes casadas con hombres adultos. Las regiones con más casos son Lima, Loreto, Callao, Piura y Lambayeque.

Empero, la problemática es mucho mayor si consideramos a las uniones de hecho y convivencia, más extendidas que el matrimonio en nuestro país. Una de cada tres mujeres se casó o se unió a su pareja cuando era adolescente, de acuerdo con la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (INEI, 2021). Los datos censales del 2007 y del 2017 revelan desigualdades de género: la proporción de adolescentes mujeres (12 a 17 años) en unión es más alta que la de los adolescentes varones (Plan Internacional y UNFPA Perú, 2019).

Estas cifras aterrizan en historias personales y trayectorias de vida. Los antropólogos Vanessa Rojas y Francis Bravo analizan las experiencias de convivencia, matrimonio, paternidad y maternidad en adolescentes y jóvenes peruanos. Se evidencia que las mujeres que empiezan a convivir en edad más temprana son las más vulnerables a la violencia. Asimismo, comprueban que la convivencia a edad temprana limita las oportunidades educativas de los jóvenes. Asimismo, llaman la atención sobre el rol decisivo de las familias en el inicio de la convivencia, pues pueden exigirla o promoverla en caso de embarazo o violación, como mecanismo para evitar el abandono del hombre o como estrategia para mitigar la “deshonra” (Grade y Niños del Milenio, 2019).

En setiembre del 2022, la congresista Flor Pablo presentó un proyecto de ley para prohibir el matrimonio infantil, proponiendo para ello revertir un decreto legislativo del 2018 que permitió los matrimonios desde los 14 años. El predictamen ha sido aprobado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y pasará a discusión en el pleno. Como ciudadanos, debemos estar vigilantes para que la agenda del pleno priorice este tema y a los resultados de la votación: congresistas, por sus votos los conoceremos.

Los matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados no deben usarse para legitimar violaciones a niñas y adolescentes. La cultura no debe ser manipulada para justificar abusos de poder que condenan a niñas y adolescentes a círculos viciosos de violencia, pobreza y exclusión. El reto por delante es complejo y va más allá de cambiar las normas: se requiere transformar mentalidades y prácticas para evitar la perpetuación de matrimonios y uniones infantiles, lo que supone acciones desde varios frentes, como el judicial y el educativo. Todos podemos sumar en esta necesaria lucha.