Para realizar la salvajada de asesinar a sangre fría a cuatro personas y secuestrar a otra, los integrantes de una banda criminal están seguros de que hay condiciones que deben darse; entre ellas, que las autoridades son débiles antes, durante y después del evento.
Lo sucedido en Trujillo es uno de esos casos donde una banda criminal sabe que puede hacer lo que se le dé la gana porque no huele ni el más mínimo aroma de autoridad y porque asume que —a pesar de las indignaciones— no les pasará absolutamente nada, sobre todo a sus líderes y cabezas, visibles o no.
Por tanto, lo que ha hecho una banda criminal en Trujillo (sea cual sea, de las más de 40 organizaciones que hay en la región) es una afrenta directa a la autoridad del gobierno fujimorista, cuyo eslogan de campaña fue el de restaurar la autoridad del Estado en un país desorganizado. Orden y seguridad, nos decían.
Pero también hay otro mensaje que podemos descifrar a medida que vamos reflexionando sobre todo este asunto mortal. Si una banda criminal opera de la manera en que lo hizo en Trujillo, es porque tiene algún respaldo —en negro— en no una, sino en varias instituciones del Estado, desde policías y fiscales hasta jueces.
El gobierno debería asumir que el ataque de la banda criminal en Trujillo lo deja muy mal parado, no solo porque desnuda la fragilidad de Keiko ante el desacato del “rebelde” jefe de la Policía Nacional, Óscar Arriola, que se obstina en no renunciar a pesar de su fracaso gigante, sino porque le ha dado en la línea de flotación narrativa del keikismo. Así, las bandas criminales podrían hacer lo que quieran porque este gobierno puede ser igual al anterior.
¿Se imagina que este evento se hubiese dado con Roberto Sánchez como presidente? ¿No habría acaso, en ese momento, una cámara de diputados y senadores envalentonados contra quien hubiera sido el ministro del Interior o de Defensa de Sánchez?
Ahora, como el problema se puede convertir en oportunidad, el gobierno keikista puede revertir el golpe criminal con un contragolpe de autoridad. ¿Cómo hacerlo?
En los últimos cinco años, la minería ilegal, o la criminalidad en la minería, ha avanzado tanto que ha dejado muchas huellas y rastros que deben estar archivados o por descubrir. Policía Nacional, Sunat, UIF, Sunarp u otras instituciones deben tener —o pueden tener— tanta información como les sea posible. Sin embargo, para enfrentar a la minería ilegal es necesaria una condición: voluntad y decisión política. Porque el gobierno va a chocar contra los intereses de políticos regionales y de los nuevos ricos que se resistirán a perder todo. Esa bronca se convertiría en un dolor de cabeza para el gobierno.
Si hay sentido de Estado en el keikismo, entonces se debe dar por sentado que no basta con enfrentar a las bandas criminales, que son solo una parte de la minería ilegal, sino ir a la fuente, a la partera del problema, y eso significa seguir las migas dejadas por el enorme dineral que financia la ilegalidad minera, así como acabar de una buena vez con la informalidad de los mineros que se dicen ancestrales o de pico y pala y tienen millones.
La minería ilegal ha desafiado al gobierno. Como los capos del tráfico de alcohol desafiaron al Estado americano en su día, los ilegales y sus bandas han desafiado al Estado en su conjunto. La cosa es peor porque estamos hablando de oro, cuya onza valdrá en los próximos años los US$ 8 mil.
Farándula
