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La muerte del escuadrón, por Fernando Rospigliosi

"Es un asunto de extraordinaria importancia, porque la existencia de este tipo de organizaciones delictivas dentro de la policía es síntoma de un grado mayúsculo de descomposición".

Fernando Rospigliosi Analista político

Giovanni Tazza

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"Otro de los aciertos del Ministerio del Interior es la realización de más de 60 exitosas operaciones contra el crimen organizado, que han desbaratado a otras tantas bandas, varias de las cuales incluían policías entre sus miembros". (Ilustración: Giovanni Tazza)

El fiscal especial de crimen organizado Álvaro Rodas y la Comisión de Defensa del Congreso, que preside Luciana León, han denunciado a los integrantes de un escuadrón de la muerte –grupo irregular, en términos oficiales del Ministerio del Interior– dirigido por el comandante de la policía Enrique Prado Ravines. (Ver esta columna el 6.8.16 y 8.10.16).

A estas alturas quedan pocas dudas de que ese grupo existió y asesinó a sangre fría a por lo menos 34 personas, según lo que ha determinado la investigación del Ministerio Público, como señaló un reportaje de René Gastelumendi en “Cuarto poder” de América TV (4.6.17).

Ha quedado así desbaratada la campaña mediática de Prado Ravines que, ayudado por algunos periodistas como Philip Butters y Gustavo Gorriti, pretendía hacerse pasar como una víctima. Según el “fiscal Álvaro Rodas, los efectivos mencionados formaron una organización criminal constituida con la finalidad de ejecutar a supuestos delincuentes comunes” (Doris Aguirre, “La República”, 5.6.17).

Uno de los casos en el que hay una evidencia irrefutable es el de Piura, ocurrido en febrero del 2015, donde un video muestra cómo asesinan a un hombre desarmado e indefenso. En este caso, el fiscal adjunto Tony Anziaga describe el modus operandi, repetido con algunas variantes en todos los casos. Un sujeto, presumiblemente un policía apodado ‘Chimbotano’ en esa oportunidad, convence a delincuentes de poca monta para asaltar a un empresario que llevaba 150.000 soles y que llegaría a un parque en una camioneta roja.

Todo era falso, no había ningún empresario, la camioneta usada como señuelo era de la hermana de uno de los policías y los sujetos fueron conducidos a una emboscada donde los asesinaron a mansalva.

Con el mismo método, según la fiscalía, ese grupo de policías dirigidos por Prado Ravines, con la protección del general Vicente Álvarez, organizó por lo menos siete operaciones, después de las cuales eran felicitados, condecorados y eventualmente ascendidos, además de disponer a su antojo de los fondos de inteligencia de la policía.

Todo esto ocurrió desde el 2012 y ningún ministro del Interior ni director de la policía durante el gobierno de Ollanta Humala se dio cuenta de nada, a pesar de que hubo denuncias internas, que fueron enterradas. Recién con la nueva administración estos hechos fueron denunciados ante la fiscalía y la opinión pública.

Es un asunto de extraordinaria importancia, porque la existencia de este tipo de organizaciones delictivas dentro de la policía –como muestra la experiencia internacional– es síntoma de un grado mayúsculo de descomposición. El siguiente paso es que esos grupos policiales son comprados por bandas criminales, en particular del narcotráfico, para acabar con sus rivales. El resultado siempre es un aumento descomunal de la violencia y una penetración incontrolable del crimen organizado en la policía.

La oportuna desarticulación del grupo de Prado Ravines ha frenado ese proceso.

Otro de los aciertos del Ministerio del Interior es la realización de más de 60 exitosas operaciones contra el crimen organizado, que han desbaratado a otras tantas bandas, varias de las cuales incluían policías entre sus miembros. En todas estas operaciones las capturas de –estos sí– avezados delincuentes se han realizado sin que se produzca ni un solo muerto.

Y no se trata de desear que en enfrentamientos mueran o queden heridos policías, como tramposamente le espetó Prado Ravines al congresista Gino Costa en una comisión parlamentaria. El punto es que lo que usualmente ocurre hasta ahora es que, en estos casos, los delincuentes no se enfrentan a tiros con los policías, sino se rinden porque llevan las de perder en una balacera, pero tienen muchas posibilidades de salir airosos en los vericuetos del ineficiente y corrupto sistema judicial.

En suma, estas acciones han detenido –no eliminado todavía– uno de los peligros más inquietantes que se estaba desarrollando desde los gobiernos anteriores, la descomposición de la Policía Nacional y el hecho de que sectores de ella entraran al servicio del crimen organizado.

No obstante, la lucha contra la inseguridad no avanzará sustancialmente si no hay cambios decisivos en los otros tres componentes estatales básicos: la fiscalía, el Poder Judicial y el sistema penitenciario. Y aquí nada se ha corregido. La principal responsabilidad es del gobierno que no ha movido un dedo para iniciar una reforma judicial y no ha hecho absolutamente nada para mejorar el sistema penitenciario que está bajo su directa responsabilidad.

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