El nefando mal de la corrupción en el Perú, por C. Contreras
El nefando mal de la corrupción en el Perú, por C. Contreras
Carlos Contreras Carranza

Historiador y profesor de la PUCP

¿Qué hace al Perú un país siempre propenso a caer en el nefando pecado de la corrupción? El sabio Hipólito Unanue llegó a culpar de nuestra tibieza moral al clima de Lima: demasiado suave y cálido, sin los rigores que templarían el carácter de los hombres; un aire húmedo y sensual que transmitía su blandura a los principios que guiaban nuestra conducta. En este país, “donde se aplica el dedo, brota la pus”, fue la frase lapidaria de Manuel González Prada en las postrimerías del siglo XIX. Eran los años de la posguerra del salitre, cuando la ruina económica del Estado impedía cualquier obra pública, pero se venía negociando el reconocimiento de la deuda externa impaga con los ingleses y se recelaba con amargura del caudaloso y corrupto río de millones que corrió durante los años del guano y el salitre, que el poeta Arnaldo Márquez calificó como de “orjía financiera”.

La corrupción en los negocios públicos es, lamentablemente, un mal intrínseco. Cuando los gobernantes gastan la plata del Estado, hacen compras con un dinero que no es suyo. Por lo mismo, no tienen un incentivo a, digamos, “comprar bien”, haciéndose de buenos productos a cambio del mínimo precio. En principio les da lo mismo comprar a este proveedor o a aquel. Podría motivarlos el simple perfeccionismo humano que nos mueve a ser correctos y eficaces aun cuando no recibamos más reconocimiento que nuestra propia satisfacción, o el más concreto deseo de “quedar bien” con quienes le encargaron las compras, que en el caso de los gobernantes son sus votantes o ciudadanos de una provincia o nación.

Pero estos sanos impulsos resultan contrapesados por la también humana codicia del gobernante y por los afanes de las empresas proveedoras de los bienes que compra el Estado, quienes sí tienen una poderosa motivación para ser preferidas por este magnífico cliente, cuyas compras son de ordinario literalmente millonarias. Tientan a sus funcionarios con armas de todo calibre: desde formas discretas y sutiles, como podrían ser invitaciones, obsequios o viajes, hasta las más obscenas y directas, como el dinero puro y duro. Como latinoamericano me daba gusto de que, de un tiempo a esta parte, las empresas constructoras de infraestructura en nuestros países habían dejado de ser firmas británicas, alemanas o norteamericanas, figurando en su lugar empresas brasileñas o mexicanas. Era la prueba palpable de que ya no solo éramos buenos exportando futbolistas o frutas, sino también tecnología y organización. Ahora sabemos que también se exportaban otras cosas y que en el juego de los negocios gambeteábamos con el pie izquierdo.

Admitamos con entereza que de todas las tentaciones que acechan al hombre, la de sacar partido pecuniario del paso por el poder debe figurar entre las más difíciles de resistir. Al menos para los políticos. ¡Qué difícil les resulta caminar derecho!, como admitió un vicepresidente de tiempos no lejanos. No recuerdo si entre los mandamientos que nuestro actual gobernante impartió a sus ministros figuró el de no codiciar el dinero de todos, pero debería grabarse en piedra en el frontis del despacho presidencial y de todos los ministros.

Pero volvamos a la pregunta inicial, ya que, si es cierto que la corrupción es un mal universal en el que pocos gobernantes podrían lanzar la primera piedra, no le caben dudas al peruano de hoy que nuestro suelo luce particularmente fértil para esa mala yerba. La lista de estudiosos que han investigado las razones de ello ha crecido en estos últimos tiempos. Los historiadores Jeffrey Klaiber, Felipe Portocarrero y Alfonso Quiroz, y el antropólogo Ludwig Huber, pusieron de relieve el fuerte componente “personalista” del poder entre nosotros, propio de la tradición hispánica y quizás también indígena, que aliado a la concentración que este tiene en una misma persona en sistemas presidencialistas como el peruano, resulta un excelente caldo de cultivo para la corrupción. En estos casos, el poder resulta encarnado en alguien que aparece dispensando favores a la gente antes que administrando el ejercicio de sus derechos. No existen ciudadanos que disfrutan de lo que legítimamente les corresponde, sino poblaciones suplicantes que consiguen movilizar la largueza del gobernante.

De otro lado, en las economías en las que las fuentes principales de enriquecimiento no son el trabajo duro y disciplinado, la inversión audaz o la inventiva empresarial, sino el aprovechamiento de recursos naturales o humanos (como en su día fueron en el Perú el guano o la mita de los indios), a los que se suele acceder por favor político antes que por concurso en el mercado, las conductas y actitudes corruptas ganan terreno. Se trataría de economías de renta, características de los países pletóricos en recursos naturales aunque escasos de capitales.

Por último, juega un papel a favor de la corrupción la existencia de una fuerte desigualdad y en la que los canales para el ascenso social y económico aparecen bloqueados o estrechos, como los cauces de los ríos de nuestro Perú. En escenarios así, tomar atajos para acumular riqueza resulta una actitud socialmente legitimada; y, lo que es peor, cuando las gentes ven que los propios gobernantes actúan así, también se legitiman otras formas de criminalidad y apropiación violenta y delictiva de la riqueza. Si el presidente roba, ¿por qué no puede hacerlo el hombre de abajo que padece de más necesidades?

Hace poco más de un siglo, en una cita que la socióloga Fanni Muñoz recogió en uno de sus trabajos, la escritora Mercedes Cabello presentó al Perú “como un país donde el ministro roba, el cajero fiscal especula, el diputado se vende y el secretario pone precio a sus buenos oficios”. Tuvo el pudor de no incluir al presidente; un cuidado que hoy resulta excedente. Fatalmente, esa trilogía de tradición personalista y presidencialista, economía de renta y desigualdad económica reina sólida y robusta entre nosotros, por lo que hemos de estar tensos y vigilantes de lo que hacen con el dinero público nuestros gobernantes. 

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