La más caótica jornada de votación presidencial y parlamentaria que hayamos visto en la historia, con flagrante vulneración del derecho ciudadano a expresar su voluntad popular, hace prácticamente insostenibles en sus puestos al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, y al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo.
El daño causado a la confianza del proceso electoral es de tal magnitud que la responsabilidad funcional e institucional de ambos funcionarios no se resuelve derivando sanciones a segundas o terceras personas. A la luz de lo ocurrido el domingo, con millares de electores (la cifra de unos 52.000 de la ONPE es ridícula) puestos en jaque sin votar, Corvetto y Burneo ya no pueden conducir, en sus niveles jurisdiccional y organizacional, la segunda vuelta electoral. Uno y otro no deberían demorarse en abandonar sus cargos, antes de pasar por la presión de tener que hacerlo o terminar destituidos.
Quizás convenga advertir que el país y muchas de sus autoridades al más alto nivel ya no están para aceptar la tendencia y la práctica muy común de los últimos tiempos, de aceptar los hechos consumados, vengan de donde viniesen. Un día se disuelve inconstitucionalmente el Congreso de la República y el Tribunal Constitucional de entonces lo avala. Otro día el presidente Pedro Castillo da un golpe de Estado, cometiendo el delito de rebelión, y no solo no le pasa penalmente nada, sino que se convierte para el hoy candidato presidencial Roberto Sánchez, su traidor de ayer y su defensor de hoy, en sujeto de indulto. Y, claro, cómo no recordar al hoy JNE dictando una decisión de moral política, por todo lo alto, sacando de la carrera electoral a un partido histórico como Acción Popular, habiéndole bastado sencillamente con denunciar penalmente a los responsables de irregularidades en sus elecciones primarias. Sin embargo, este mismo JNE, al más puro estilo que el presidido por Jorge Salas Arenas en las elecciones del 2021, ha permitido la competencia presidencial de candidatos con sentencias judiciales penales, con mentiras públicas en sus hojas de vida y con graves irregularidades en sus registros e inscripciones.
Precisamente, a propósito de las elecciones del 2021, pesan graves cargos contra la administración electoral de la ONPE, que no dejan bien librado a Corvetto. Su ratificación por la JNJ, mediante una apelación de última hora luego de perderla, fue precisamente uno de los hechos consumados que le permitió tomar la responsabilidad de las elecciones del 2026. Ahora son sus propios actos, en flagrancia, los que lo colocan en la necesidad honrosa de dar un paso al costado, del lado de Burneo.
Estas son las elecciones más complejas y endemoniadas de la historia. Lamentablemente, ni Burneo ni Corvetto han estado a la altura de llevarlas a cabo con la confianza y la dignidad que demandan 27 millones de peruanos convocados a votar en ejercicio pleno de su derecho al sufragio.
Quien convocó a estas elecciones, la Presidencia de la República, y quienes eligieron a los señores Burneo y Corvetto, el Poder Judicial y la JNJ, están en el deber de devolverle al país la inmediata confianza en la segunda vuelta electoral.
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