Justina* tenía solo 13 años y una vida por delante cuando fue violada y salió embarazada. No accedió a atención médica y lo más probable es que, aunque lo hubiese pedido, el Estado Peruano le habría impedido someterse a un aborto, a pesar de que existe una ley que regula el aborto en casos de violación y cuando pone en riesgo la vida de las madres. Los embarazos adolescentes, como el de Justina, son de muy alto riesgo porque el cuerpo de una niña no está preparado para enfrentar el embarazo y el parto. Justina falleció el 1 de agosto al dar a luz en su casa en el caserío de Pituto, un poblado rural de Pachitea.
Como ella, cada día cuatro niñas de entre 10 y 14 años dan a luz. Cada una de ellas es víctima de violación sexual, porque las relaciones sexuales con menores de 14 años están prohibidas y son consideradas un delito. En el 2024, 1.072 niñas se convirtieron en madres. La violencia contra las niñas y adolescentes está tan normalizada que creemos que es su obligación llevar embarazos a término a costa de sus propias vidas, como ocurrió con Justina.
En la mayoría de los casos de violaciones sexuales, el perpetrador es alguien que la niña conoce. El padre, el padrastro, un pariente o amigo cercano a la familia, o el profesor del colegio. El año pasado, se identificaron más de 600 niñas wampis y awajún que habían sido violadas en Condorcanqui, y 469 maestros fueron acusados de violencia sexual. A raíz de este terrible hecho, el Ministerio de Educación decidió retirar a más de 2.000 maestros del sistema de educación por denuncias que datan desde el 2010 y de las que nadie se ocupó en su momento. Maestros que siguieron dictando clases. Sin embargo, el número de maestros acusados por violencia sexual en nuestro país es mucho mayor, pero en muchos casos los acusados lograron que la denuncia se archivara o el delito prescribió por la desidia del Estado. Y, por ello, siguen en las aulas.
La violencia sexual contra las mujeres y las niñas es una realidad que a nadie parece importarle. Cada 39 minutos, una niña, adolescente o mujer es violada en nuestro país. Solo en los primeros seis meses de este año se han registrado 6.677 denuncias de violación sexual. Aunque la cifra real es mucho mayor, porque se calcula que menos de la mitad de las víctimas lo denuncian. En la mayoría de los casos, las niñas y las mujeres se quedan calladas, por vergüenza o por miedo.
No podemos seguir actuando como si en el Perú no pasara nada. Necesitamos políticas públicas que protejan a las niñas y a las adolescentes, que les permitan acceder a educación sexual, a ambientes escolares seguros y el Estado debe garantizar el acceso de las niñas a servicios de salud, porque ninguna niña debe ser obligada a llevar un embarazo a término y mucho menos morir en el parto.
¿Cómo logramos erradicar la violencia contra la mujer en el Perú cuando la policía no tiene la capacidad ni la empatía para atender las denuncias y terminan volviéndose cómplices de los agresores? ¿Cuántas niñas más tienen que ser violadas para que las cosas cambien? Lo cierto es que reducir la violencia sexual contra las niñas y las mujeres no es una prioridad en nuestro país. Tanto es así, que un investigado por violación sexual es hoy el presidente del Congreso.
*El nombre Justina fue creado para objetivos del artículo, mas no es la verdadera identidad de la víctima.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
Vóley
