Hoy, 20 de noviembre, conmemoramos los 35 años de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, un tratado internacional que desde su aprobación contribuye a cerrar brechas entre quienes nacen con todas las oportunidades de desarrollo y quienes, históricamente, siempre se quedaban atrás.
En el marco de este tratado vinculante, el Perú ha cumplido con tener un Plan Nacional para la Infancia (la Política Nacional Multisectorial al 2030 y los planes nacionales que la precedieron); monitorear el presupuesto destinado a la niñez (desde el 2013); contar con un defensor independiente, como la Adjuntía para la Niñez (desde el 2006); realizar evaluaciones constantes en las instituciones públicas sobre la situación de la niñez y sensibilizar a la sociedad sobre los derechos de la niñez.
Como consecuencia de estos esfuerzos que han trascendido a los gobiernos de turno, el país ha implementado políticas públicas que le han permitido casi acabar con el subregistro de los recién nacidos dotándoles de una identidad, reducir las altas tasas de mortalidad infantil, disminuir la desnutrición crónica, incrementar los porcentajes de matrícula escolar e incrementar el presupuesto público dirigido a la infancia, por citar algunos ejemplos.
Desde Unicef hemos acompañado y apoyado muchos de los avances del país. Pero hoy, como corresponde entre aliados, amigos y por ser el organismo de las Naciones Unidas que vela por los derechos de la infancia, debemos expresar nuestra preocupación por la aprobación del dictamen que reduce la edad de responsabilidad penal a los 16 años, pues, de acuerdo con la experiencia internacional, esta no es una medida que solucione el problema de la inseguridad.
El crimen organizado usa a estos chicos y chicas, que en su gran mayoría no han culminado sus estudios y tienen una historia de abandono parental en la primera infancia. En el Perú, de cada 100 personas que cometen un delito, 99 son adultos y una es menor de 18 años. Esta ley no le dará seguridad al país.
Somos respetuosos del Estado Peruano y de las decisiones que adopta. Por eso, debemos recordar que el Perú ya cuenta con un sistema penal juvenil que sanciona a adolescentes que delinquen tomando en cuenta la normatividad nacional y los acuerdos internacionales vinculantes.
La neurociencia establece que la adolescencia es una etapa en la que el cerebro experimenta una profunda transformación que afecta el control de impulsos, la percepción de los riesgos y la capacidad de pensar y planificar a largo plazo, pero también de gran flexibilidad y adaptabilidad al entorno, por lo que medidas acertadas de rehabilitación generan una exitosa reinserción social. Cifras del Programa Nacional de Centros Juveniles así lo confirman: El 93% y el 97% de quienes cumplen con las sanciones en medios cerrados y libres, respectivamente, no reinciden en actos delincuenciales.
De aprobarse este dictamen, solo se generaría una falsa y pasajera sensación de seguridad. Apostemos por fortalecer el sistema penal juvenil.
Confiamos en que el Perú renueve su compromiso con la niñez para que se sigan cerrando brechas y la infancia más vulnerable encuentre justicia social.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
