La falta de integridad es un serio problema en nuestro país. Más de la mitad de los encuestados por EY consideran que en sus empresas hay gerentes que estarían dispuestos a sacrificar la integridad para obtener ganancias en el corto plazo para sus compañías. Y eso fue precisamente lo que ocurrió con ejecutivos de 13 empresas farmacéuticas en lo que se ha conocido como el cártel de los laboratorios. Estas empresas coordinaron sus ofertas para ganar licitaciones de medicamentos en hospitales públicos entre el 2006 y 2020, según una resolución del Indecopi.
La corrupción enriquece a unos pocos y nos perjudica a todos, pero lo del cártel de los laboratorios es especialmente grave: se puso en riesgo la vida y la salud de los peruanos más pobres durante 14 años. Para tomar perspectiva: entre el último año de Toledo, todo el gobierno de García, todo el de Humala, el de Kuczynski (Vizcarra, Merino) y el único año de Sagasti, 13 empresas coordinaron precios y posturas para ganar licitaciones de medicamentos contra el cáncer, leucemias agudas, inmunosupresores, antianémicos, antibióticos y sueros por más de S/6.000 millones, destinados a hospitales y postas del Ministerio de Salud y Essalud.
Además de multar a las empresas, el Indecopi ha sancionado a cinco altos ejecutivos –Juan Gualberto Gabriel Apéstegui Castro, John Charles Mac Dowall Talavera, José Mario Mongilardi Fuchs, Nataly Esther Llanos Torres y Angélica Palomares Loayza– por planificar y ejecutar prácticas colusorias para coordinar posturas o abstenciones en licitaciones y contratos con el Estado. Ejecutivos que, a puerta cerrada, coordinaban cómo asegurarse licitaciones estatales y mejores precios sin importar la vida y la salud de miles de peruanos.
Uno de los sancionados por planificar y ejecutar el esquema colusorio es el gerente general de Medifarma, principal fabricante de suero fisiológico en el país y responsable de un lote defectuoso que ocasionó la muerte de siete personas. La empresa atribuyó el hecho a dos trabajadores, uno por el error en la fórmula y el otro por alterar los resultados de control de calidad. En su encuesta sobre integridad, EY también encontró que el 47% de los encuestados cree que los ejecutivos estarían dispuestos a actuar de manera no ética para avanzar en su carrera o mejorar su situación financiera.
En un país en el que solo 17 ciudadanos de cada 100 confían en el otro; es decir, en el vecino, en el compañero de trabajo, ¿cómo recuperar la confianza en el Estado y en la empresa privada frente a casos como estos? ¿Cómo generar legitimidad si el propio sector privado evita cuestionar la corrupción empresarial y calla?
Defender el libre mercado exige denunciar el mercantilismo y la corrupción en todas sus formas. Si hay una mafia en Essalud, hay que levantarse y denunciarla. Si los políticos ponen funcionarios que controlan las compras y las dirigen para comprar insumos de pésima calidad de un proveedor que los beneficia, boicoteando contratos vigentes y cobrando coimas, ¡hay que decirlo! Callar es ser cómplice. Los únicos intereses que debemos proteger son los de los ciudadanos.
Uno de cada dos peruanos cree que los empresarios en el Perú hacemos más daño que bien. ¿Cómo revertir esa percepción cuando 13 empresas se coluden para enriquecerse a costa de la salud de los más pobres durante 14 años? La sanción del Indecopi no basta: los peruanos esperan, con razón, sanciones penales. No alcanza con tener expresidentes presos; los empresarios corruptos y los funcionarios encargados de las compras también deben responder con su libertad. ¡Tenemos un país que construir!
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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