No podemos erradicar los abortos

Los seres humanos hemos alcanzado un nivel de complejidad sin igual, y nuestras relaciones interpersonales y las sociedades que hemos creado sobre la base de estas son un claro ejemplo. Sin embargo, desde hace algún tiempo, hay quienes pretenden sobresimplificar nuestra realidad y plantean supuestas soluciones que no atienden las raíces de las múltiples circunstancias que moldean nuestra realidad.

Tomemos el aborto: desde hace tiempo, en el Perú y en varios países del mundo, existen grupos políticos que se oponen a la regulación del aborto y que plantean “soluciones” que van desde la prohibición absoluta de la práctica a través de la criminalización hasta la aprobación de leyes declarativas que enuncian los derechos del feto. Esto, a pesar de que no existe evidencia empírica alguna de que leyes como estas reduzcan los abortos, o de que erradiquen la práctica por completo.

De lo que sí existe abundante evidencia es de otros impactos que este tipo de leyes tienen: incrementan las prácticas clandestinas (con todos los riesgos que esto conlleva), reducen o impiden el acceso a servicios de emergencia obstétrica, incluyendo a las víctimas de violencia sexual, y afectan con mayor intensidad a las mujeres y personas ‘Aman’ (asignadas mujeres al nacer) en situación de vulnerabilidad.

Peor aún, las leyes que criminalizan el aborto o que declaran los derechos del feto no hacen nada para cambiar las circunstancias que llevan a las mujeres y a las personas ‘Aman’ a abortar. No promueven el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo el acceso a métodos anticonceptivos, no adoptan medidas de prevención de la violencia sexual (o de atención adecuada para las víctimas), no enuncian los derechos de la gestante, ni promueven medidas para reducir el embarazo infantil y adolescente o la mortalidad materna. Esto, a pesar de que medidas como estas sí tienen comprobado su impacto en la reducción de embarazos no planificados, en la disminución de muertes maternas y, en general, en la construcción de un sistema de salud que se preocupa y que cuida a las mujeres y a las personas ‘Aman’.

Recientemente, la congresista Milagros Jáuregui (que además es pastora evangélica) ha propuesto una ley que, de ser aprobada, colocaría al concebido (es decir, a los fetos) en la posición de “sujeto de derechos”. Es decir, un feto tendría derechos de la misma manera que una persona ya nacida. Hasta ahora, nuestro ordenamiento ha condicionado esta posibilidad a que el concebido nazca vivo.

En la justificación de su proyecto, la congresista Jáuregui incurre en lo que advertí al inicio de este artículo: la sobresimplificación de circunstancias y la propuesta de leyes ineficaces que no atacan la raíz del asunto. La congresista Jáuregui sobresimplifica, pues únicamente se refiere a la supuesta necesidad de garantizar irrestrictamente el derecho a la vida, pero no examina el asunto del aborto de manera comprensiva, ni se refiere a las víctimas de violencia sexual o a las mujeres que son forzadas a abortar (que existen). Luego de este deficiente análisis, la congresista Jáuregui propone una solución que no es tal: declarar los derechos del feto, sin indicar la evidencia que respalde la eficacia de esta supuesta solución. La propuesta no solo ignora los derechos de las mujeres y personas ‘Aman’ gestantes, sino que además no contiene ninguna medida destinada a mejorar su situación.

Nuestro país no necesita una ley que declare derechos de un feto, sino que requerimos con urgencia educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.