¿Nos regimos por la Constitución o por la trampa?

Conforme con el artículo 194 de la Constitución, no hay reelección inmediata de alcaldes.

Sin embargo, hoy comprobamos que esa norma constitucional, absolutamente clara y que no deja margen a la menor duda respecto a su mandato, puede ser violada a vista y paciencia, nada menos que del propio presidente del Jurado Nacional de Elecciones quien, con la más absoluta desfachatez, ha indicado que, finalmente, como quiera que el elector tiene la última palabra y es quien toma las decisiones, debería repensarse la norma, pues en otros países sí se permite la reelección y así evitamos que se recurra a mecanismos para evadir su cumplimiento y hacer un fraude a la ley.

Parece que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones olvida que la Constitución no ampara el abuso del derecho y que todos los peruanos estamos obligados a cumplir y defender la Constitución, como taxativamente lo ordenan los artículos 103 y 38 de la Carta.

El rol del presidente del Jurado Nacional de Elecciones no consiste en hacer activismo político, sino en cumplir y hacer cumplir las disposiciones relativas a la materia electoral.

Como lo advertimos en artículos pasados (“Mandato irrenunciable e incompatible con otra función pública” y “El mandato congresal”, publicados el 1 y 8 de julio), nuestra precaria institucionalidad se debilita cuando, en vez de cumplirse aquello que la norma ordena, se cede a posiciones antojadizas.

La resolución que adoptó el Jurado Nacional de Elecciones, habilitando la renuncia de López Aliaga al mandato congresal que el pueblo le otorgó en las últimas elecciones, fue, salvando el magnífico voto del doctor Gunther Gonzales, una auténtica cantinflada cuyas consecuencias ya estamos viendo: la instauración del fraude a la ley. Lo podrán disfrazar como quieran, pero quienes defiendan esto quedarán en posición similar a los que apoyaron el inconstitucional cierre del Congreso por Martín Vizcarra.

Como bien lo ha recordado el doctor Manuel Sánchez-Palacios Paiva, quien fuera en su momento presidente del Poder Judicial y del Jurado Nacional de Elecciones, desde la época de los romanos, cuando algo ha sido prohibido por una vía, no se puede admitir por otra. Es decir, lo que se prohíbe que se haga directamente se entiende también por modo indirecto.

Cómo se extraña en el Jurado Nacional de Elecciones el liderazgo de magistrados de la talla de Sánchez-Palacios o de Domingo García Rada; profesionales con conocimientos y sabiduría, pero, además, y por sobre todo, sentido del honor, que nunca se dejaron presionar ni cedieron ante las amenazas de quienes, ya sea desde el poder o con el dinero, buscaban torcer la ley.

Si, una vez más, se cede, queda claro que seguimos siendo una república basada en el gobierno del poderoso sin ley; o con ley que se acata, pero que no se cumple. O, algo tan propio de nuestro país, para mis amigos todo y para mis enemigos la ley.

Es esa vocación de servilismo a quien tiene una cuota de poder la que tanto daño nos ha traído a lo largo de la historia. No se aprende la lección y hay quienes creen que el país y sus instituciones son una chacra en la que todo se puede hacer, porque lo importante es que el pueblo decida. Parece que en el Jurado Nacional de Elecciones tenemos un Poncio Pilatos versión siglo XXI.