En el Semáforo de este jueves 29 de enero, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: un juzgado dictó el auto de enjuiciamiento contra el encarcelado expresidente Alejandro Toledo y otros exfuncionarios, empresarios y personas jurídicas por el caso de la concesión del tramo 4 de la carretera Interoceánica Sur. El segundo tema: ayer se completó la extradición del peligroso delincuente Erick Moreno, conocido como ‘El Monstruo’, con su traslado desde Paraguay al Perú. Por último: un juzgado de Lima Norte halló culpable a la procuradora general del Estado, María Caruajulca, de omisión de funciones. El caso se relaciona con un proceso de acceso a la información pública del 2020, cuando era procuradora de la Municipalidad de Comas.
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El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dictó el auto de enjuiciamiento contra Alejandro Toledo y otros exfuncionarios, empresarios y personas jurídicas por el caso de los presuntos sobornos en la concesión del tramo 4 de la carretera Interoceánica Sur. Los delitos que se le imputan son colusión y lavado de activos. La fiscalía pide 24 años y ocho meses de cárcel para el expresidente. Actualmente, él cumple dos condenas: una por las coimas en el tramo 2 y 3 de la Interoceánica y la otra por el Caso Ecoteva.
Ayer se completó la extradición de Erick Moreno, conocido como ‘El Monstruo’, con su traslado de Paraguay a nuestro país, adonde llegó bajo estrictas medidas de seguridad. El cabecilla de Los Injertos del Cono Norte fue capturado el 24 de setiembre del año pasado en Paraguay, donde se escondía de las autoridades peruanas. ‘El Monstruo’ era requerido por un juzgado de la corte de Lima norte por los delitos de secuestro y organización criminal. Contra él ya hay una condena a 32 años de cárcel.
El Décimo Quinto Juzgado Penal Unipersonal de Lima Norte encontró culpable a la procuradora general del Estado, María Caruajulca, de omisión de funciones. El caso se vincula con su negativa a dar información sobre carpetas fiscales en curso en la Municipalidad de Comas, donde era procuradora, por un proceso de acceso a la información pública del 2020. El juzgado reservó el fallo, por lo que la pena de ocho meses de cárcel no será efectiva si cumple ciertas reglas de conducta.