Países y Estados fallidos

Ha sido de una torpeza monumental que la presidenta Dina Boluarte haya calificado de “país fallido” a Bolivia, en un improvisado arranque de pretendida superioridad en su mensaje de 28 de julio, en el que también aludió a Cuba y Venezuela.

No deja de ser sintomático que buena parte de la discusión en las redes sociales se haya orientado a justificar que Bolivia sí merece tal calificativo, y no tanto a dilucidar si quien nos gobierna y representa con apenas el 2% de aprobación ciudadana, o el Poder Ejecutivo que ella encabeza, tiene algún tipo de autoridad como para expresar jactancia en este aspecto.

Bolivia ha tenido, qué duda cabe, sucesivos gobiernos que han implementado una política económica desastrosa con resultados que están a la vista. La situación del vecino altiplánico es crítica, resultado de una política fiscal supremamente irresponsable y una apuesta por las empresas estatales que ha dejado ingentes pérdidas.

Tienen mucha razón, a mi criterio, quienes señalan que el caso boliviano debe servir como experiencia aleccionadora respecto de lo que no debe hacer nuestro país en materia económica. Pero tampoco es que necesitemos encontrar esa advertencia fuera de nuestras fronteras, ni mucho menos que el gobierno de Dina Boluarte tenga legitimidad para expresarla, cuando su propia gestión está siendo calamitosamente irresponsable, a juzgar por el descontrol fiscal y el interminable salvataje a Petro-Perú.

El Perú también ha tenido gestiones económicas desastrosas en tiempos recientes, pero yo no tomaría ninguna de ellas como excusa para decir que somos un “país fallido”, si lo que nos ha demostrado el nuestro es que hemos sabido superarlas cuando nos lo hemos tomado en serio. Prueba de ello es que, tras haber sufrido una de las peores espirales inflacionarias a finales del siglo pasado, supimos empoderar a un Banco Central de Reserva que ha tenido logros tan categóricos que la propia presidenta los presenta desfachatadamente como propios.

Eso mismo deseo para nuestros hermanos bolivianos, que encuentren la ruta para salir del descalabro en el que están, en lugar de sugerir que están condenados al fracaso o que tienen algún tipo de defecto de origen que los hace insalvables.

Ahora bien, siendo el término “país fallido” uno muy desatinado e incomprensiblemente ofensivo con un vecino con el que compartimos historia y cultura, sí podríamos hablar de “Estados fallidos”, un concepto que se usa más en la academia aunque no tiene una definición generalmente aceptada.

Se suele asociar este término con aquellos Estados que han perdido el monopolio del uso de la violencia, es decir, donde la delincuencia está completamente desbocada y no hay control sobre el territorio. O aquellos incapaces de garantizar a sus ciudadanos acceso a servicios básicos. O aquellos donde la informalidad es tan alta que el Estado solo existe para una minoría.

Tendría uno que estar vendado o ser cultor de la indolencia para no advertir que el Estado Peruano falla clamorosamente en todos estos aspectos. Un país puede vivir –como el nuestro– en la paradoja de ver coexistir a uno de los mejores bancos centrales del mundo con un Estado cuya grosera insuficiencia e inefectividad en aspectos como seguridad ciudadana, salud, educación o acceso a agua potable es inadmisible y debería provocarnos permanente indignación.

Curiosamente, el Perú aparece en una peor ubicación que Bolivia en la edición más reciente del Índice de Estados Frágiles del Fondo para la Paz. Si Julio Velarde quiere jactarse de nuestra política monetaria como referente mundial, pues no le falta mérito. Pero si Dina Boluarte o cualquier gobernante que la suceda quiere echarse flores por una pretendida superioridad del Estado Peruano sin mover un dedo para cambiar significativamente el statu quo, a otro con ese cuento.