Los archivos despreciados

En las semanas siguientes comenzará el humillante desalojo del Archivo General de la Nación (AGN) de los ámbitos que ocupa en el Palacio de Justicia. Humillante para los peruanos, porque guarda un legado fundamental que irá a lugares provisionales hasta que, nadie sabe cuándo, descanse en un edificio por construirse. Cualquiera podría preguntarse qué hacen debajo de las oficinas de los jueces supremos –el AGN ocupa parte del primer piso y el sótano– 27.000 metros lineales de documentos que deberían permanecer en ambientes más propicios, en una sede propia o al menos estable, como ocurre en cualquier país del mundo. La explicación tiene un siglo. 

El segundo gobierno de Augusto Leguía (1919-1930) dispuso la construcción de un edificio que, al mismo tiempo, alojara a las cortes y al patrimonio documental peruano. Por entonces, el Archivo Nacional (así se denominaba) pertenecía al Ministerio de Justicia, para el cual el arquitecto Bruno Paprowsky diseñó una obra inspirada en el palacio neoclásico de los jueces de Bruselas, incluyendo su torre y su cúpula, que al final no fueron levantadas. Hay documentos irrefutables de los derechos que el AGN tenía sobre ambientes que ocupó desde 1940. 

Está la carta del 15 de junio de 1926, dirigida al secretario general de Justicia por el ilustre Horacio Urteaga, entonces director del Archivo Nacional, para que apruebe el proyecto de su nueva sede dentro del palacio para los juzgados, de inminente construcción. Urteaga precisó que el arquitecto ya lo había considerado. Están los planos de Paprowsky, con los espacios destinados al archivo. Está un memorándum de la Corte Suprema al Ministerio de Justicia, con indicaciones sobre la disposición de sus ambientes, y mencionando al archivo. Está el discurso de Leguía al Congreso Ordinario de 1928, anunciando la obra y la cohabitación. El palacio lo inauguraría Óscar Benavides en 1939, y los archivos llegarían en junio de 1943 desde la Biblioteca Nacional, donde un mes antes se salvaron milagrosamente del incendio que la redujo a ruinas.

Horacio Urteaga, que se jubiló en 1944, llegó a despachar en el primer piso del palacio. Hacia atrás, el Archivo Nacional había tenido una historia plagada de contratiempos desde que Ramón Castilla lo fundara en 1861: sin administración funcional, sin local, sin dinero, terminó en el segundo piso de la Biblioteca Nacional, donde sobrevivió al saqueo chileno durante la guerra del Pacífico (1879-1884). Los siguientes 30 años fueron de estrecheces. En 1914, su director, Luis Antonio Eguiguren, estuvo seis meses impago, sin una máquina de escribir para trabajar y resignado a barrer y limpiar las oficinas, según él mismo relató. Tras su renuncia hubo cinco años de acefalía hasta que llegó Urteaga en 1919, en el contexto de una reorganización dispuesta por el gobierno de José Pardo. Hacia adelante, la vida del AGN tampoco fue un camino de rosas, pero transitó otros 100 años de mayor institucionalidad, cuando nadie imaginaba que el Poder Judicial lo botaría.

Ahora mismo, en el Palacio de Justicia, se halla el Archivo Histórico, con material del período republicano: autógrafas de las leyes, acervo de ministerios, libros de inmigrantes. También guarda millones de registros notariales. Cubriendo cinco kilómetros cuadrados, aquí permanece la mayor parte del AGN, pues es 11 veces menor el volumen del patrimonio documentario colonial, guardado en el local del Correo Central, donde pueden encontrarse las actas de los escribanos que acompañaron a los conquistadores, los expedientes de la Real Audiencia de Lima, papeles de la Santa Inquisición. Hay un tercer local para el Archivo Intermedio, alimentado por las más diversas entidades públicas. El Palacio de Justicia, pues, no basta ni es idóneo: destacan tubos de desagüe encima de las estanterías. Pero el AGN tenía derechos y procedía una concertación ejemplar entre dos poderes. ¿Cómo terminó desalojado?

Hay dos versiones. Según la primera, el 25 de marzo del 2002 el Poder Judicial, subrepticiamente, logró la inscripción del Palacio de Justicia en los Registros Públicos, estableciéndolo como de su exclusiva propiedad. Se valió de una ley dada ese año por el Congreso, que permitía a cualquier entidad estatal sanear propiedades con titularidad indefinida. La norma, aprobada en 1995 para unos pocos ministerios, fue ampliada para todo el sector público. Estableció los mismos requisitos: una declaración de fábrica que describiera el inmueble y una demostración de que sobre el bien no pesaran litigios. Así pues, el Poder Judicial, ni corto ni perezoso, inició su inscripción sin avisarle al AGN, y presentando una declaración de fábrica incorrecta, en la que el archivo no aparecía por ningún lado. El AGN, de acuerdo con la hipótesis, recién se enteró 12 años después. Fue cuando recibió una notificación del Poder Judicial conminándolo a abandonar el local. Como no lo hizo, le entabló un juicio de desalojo.

La tesis de la sorpresa con mala fe fue expuesta para esta nota por Ricardo Moreau, exdirector del AGN (2022-2024), y en el 2005, asesor de la directora durante la fecha de la inscripción, Teresa Carrasco. Según Moreau, que mantuvo el cargo hasta el 2007, la dirección del AGN nunca supo que el Poder Judicial había inscrito el palacio. Sin embargo, Carrasco (a quien llamé sin fortuna) al menos supo que lo estaba intentando. El 11 de setiembre del 2003, José Luis Abanto, director de la Escuela Nacional de Archiveros, le envió a Carrasco un informe a raíz de que los Registros Públicos habían observado la inscripción del Palacio de Justicia en favor del Poder Judicial. Entre otros motivos porque la declaración de fábrica no describía los ambientes del AGN, y porque demandaba que intervinieran los comités de gestión de las instituciones involucradas. Abanto adjuntó prueba documental de los derechos del AGN y recomendó que la institución titularizara la parte del bien que le correspondía.

El informe de Abanto prueba la mala fe de un lado y deja entrever la negligencia del otro. El AGN se durmió. En el 2014, el procurador público del Poder Judicial interpuso una demanda de reivindicación contra el AGN exigiéndole devolver los 5.115 metros cuadrados que ocupaba. En vano alegó el AGN. El Segundo Juzgado Civil de Lima ordenó el desalojo, que fue ratificado en el 2019 por la Corte Suprema. Fue una controversia con jueces parcializados, deslucida por la mansedumbre del Ministerio de Cultura. El problema pasó a ser otro: cómo trasladar tantos documentos sin estropearlos. Había un expediente técnico aprobado para un edificio propio del AGN, en Pueblo Libre, pero el proyecto lleva 10 años paralizado. En abril del 2024, la ministra del sector, Leslie Urteaga, se comprometió a salir antes del fin de año, autorizando para el efecto el alquiler de un galpón en el Callao. Pero el nuevo director del AGN, Nicolás Díaz, nombrado por el sucesor de Urteaga, Fabricio Valencia, rescindió el contrato porque el almacén era inservible.

Así se llegó a enero del 2025. La flamante presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, quería que se vayan de inmediato y ha sostenido dos reuniones con Valencia para que se cumpla el desalojo. Tras la primera reunión, Díaz presentó un plan de dos años para molestia de Tello y el ministro. Fue removido aparentemente por “obstructor”. Su reemplazante, Olinda Rengifo, tiene ya otro plan, pero es difícil que se traslade con la premura que desean los jueces. Los despachos de Tello y de Valencia no han querido dar detalles del desalojo, pese a insistentes requerimientos. El ministro debe responder preguntas sencillas: ¿cómo, a dónde y en qué plazos se trasladarán los archivos? ¿Por qué el nuevo local tiene 10 años sin construirse? ¿Por qué fue removido Díaz?