Parlamentarismo patrimonialista

Max Weber acuñó el concepto “patrimonialismo” para referirse a esas monarquías absolutas en las que la propiedad del monarca no se distingue de la del reino. Los patrimonios del rey y del Estado se confunden. Pero también se aplica el término a contextos actuales en los que la autoridad maneja los bienes públicos como si fueran propios, y los usa para beneficiarse a sí misma y a familiares, allegados o partidarios (nepotismo, clientelismo, corrupción). Es lo que se llama también “captura” del Estado.

Lo ocurrido con el rechazo a las propuestas ministeriales de Hernando de Soto ha sido una exhibición pública e impúdica de este fenómeno. La misma coalición patrimonialista que eligió a Balcázar, a cambio de que respetara los cargos públicos ya repartidos, vetó los cambios.

Hemos mutado a una suerte de parlamentarismo fáctico. Pero el parlamentarismo propiamente dicho es abierto: los ministros son congresistas de la mayoría parlamentaria que eligió, dentro de ella, al jefe del Gobierno, y ejercen su función ejecutiva dentro de reglas meritocráticas. Acá hay que tener espías para saber qué ministro o jefe de institución responde a qué partido. Es un parlamentarismo clandestino, vergonzante, aunque paradójicamente desvergonzado.

Con la descentralización del Estado desde los 2000, los gobiernos locales y regionales pasaron de manejar el 3% de la obra pública a ejecutar casi el 70%, en una etapa de alto crecimiento. Con ingente dinero no recaudado localmente sino transferido de Lima, los alcaldes y gobernadores se convirtieron en reyezuelos patrimonialistas sin la fiscalización de ciudadanos contribuyentes. Los presupuestos eran botines.

Con Castillo ese perverso modelo de gobernanza llegó a Palacio y al Ejecutivo. Ahora se maneja desde el Congreso. El presidente es solo un ejecutor, pero no de presupuestos por resultados, sino de cuotas de poder presupuestal que –ojo– podrían ser usadas para captar votos en las elecciones.

Pero ya desde antes algunos ministerios habían sido capturados por grupos que trabajan para sí mismos, no para los usuarios. Sobre eso se monta nuestro parlamentarismo patrimonialista. La consecuencia es que los servicios públicos se degradan cada vez más y la obra pública no funciona. Los funcionarios crean normas difíciles de cumplir para cobrar por autorizar la actividad. Es un sistema parasitario que succiona rentas de la sociedad a expensas del crecimiento y que impide el ingreso de las mayorías a la formalidad.

En efecto, la formalidad es tan cara y asfixiante que es muy difícil prosperar en el mercado formal. Más fácil es capturar el Estado para progresar económica y socialmente. Así es como se forman las argollas y las mafias que administran el sistema.

Y es un círculo vicioso porque, a mayor captura, mayores regulaciones, mayor dificultad para prosperar en la formalidad y, por lo tanto, mayor necesidad de capturar el Estado para progresar social y económicamente. Por eso crecemos solo 3% en lugar de 7 u 8% que deberíamos considerando los precios de los minerales.

La receta es clara: desregulación profunda de las normas sectoriales, laborales y tributarias para conquistar una formalidad inclusiva, meritocracia profunda en todos los niveles del Estado, y reducción del gasto burocrático inútil. ¿Qué partidos la proponen?