Es un paso adelante en la lucha contra la criminalidad la sentencia del Tribunal Constitucional que declara infundada la demanda del Ministerio Público contra varios decretos legislativos y contra la Ley 32130 que le daban protagonismo a la Policía en la investigación preliminar. El tribunal ha concluido que “la investigación preparatoria del delito tiene dos subetapas: la investigación preliminar, a cargo de la Policía Nacional con la conducción jurídica del Ministerio Público; y la investigación preparatoria formalizada, de competencia del Ministerio Público con el auxilio operativo de la PNP [...]”.
Es un paso adelante no solo porque la Policía va a tener más autonomía para diligencias inmediatas, siempre dando cuenta al fiscal, lo que va a facilitar las investigaciones, sino porque ahora ya no habrá pretexto para no poner en práctica la conclusión del TC de que “las acciones que el Ministerio Público y la PNP desarrollen [...] deben realizarse de manera coordinada a través de protocolos elaborados entre ambas entidades [...]”.
Recordemos que luego de que se aprobó la ley demandada, se formó una mesa para elaborar esos protocolos, pero a la primera reunión el Ministerio Público se retiró y decidió denunciar y desacatar la ley, algo inconcebible, punible. Ahora ya no hay excusas para no tener una acción coordinada contra la criminalidad. Debería comenzar por implementar las unidades de flagrancia, ya aprobadas también por ley y, con mayor urgencia aun, un mecanismo especial para tener una coordinación instantánea entre policías, fiscales y jueces en la lucha contra las extorsiones, donde si el juez no autoriza de manera inmediata el pedido de la información del IP del celular denunciado a las operadoras telefónicas, se pierde al extorsionador. Por eso no los capturan, porque el juez se demora semanas.
La policía podría incluso no depender de la información de las operadoras si tuviera equipos para la geolocalización y sobre todo sistemas de interceptación de las comunicaciones telefónicas (como el ya antiguo Constelación) y de las comunicaciones digitales (WhatsApp, etc.) e incluso satelitales. Deben adquirirse esos sistemas si queremos extirpar el cáncer letal de las extorsiones, pero eso requiere un cambio legal, supervisión de un juez asignado y agentes íntegros que hayan pasado el polígrafo.
Porque es un problema que la policía asuma mayor responsabilidad en la investigación si sigue siendo la entidad más corrupta del Estado, según el Índice de Corrupción de la contraloría. A mayor responsabilidad, mayor integridad. La Dirección contra la Corrupción de la PNP es eficiente, pero requiere muchos más recursos. La policía ni siquiera tiene un reglamento de evaluación de desempeño. Y debe resolver otras carencias: no tiene un software integrador de toda la información existente; no hay un sistema de cámaras interconectadas; muchas comisarías son precarias y las computadoras son antiguas. Los policías no tienen radios, usan sus celulares. Muchos vehículos carecen de GPS y no hay cámaras en las comisarías. Faltan chalecos antibalas, etc.
Deberíamos traer una misión policial de un país avanzado. Y tomar conciencia de que la criminalidad puede convertirnos en un Estado fallido. Deben eliminarse o postergarse gastos no prioritarios y concentrar presupuesto en esto. No perdamos tiempo.
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