Cada dos meses, cientos de miles de adultos mayores esperan el depósito de una subvención estatal que, aunque modesta, representa mucho más que un apoyo económico. Para muchos es la diferencia entre alimentarse o no, comprar medicamentos o postergarlos. Esa realidad explica por qué el debate sobre el programa Pensión 65 debe partir de una pregunta elemental: ¿lo evaluamos por el objetivo para el que fue creado o por uno que nunca tuvo? Pensión 65 no nació para convertirse en una pensión “universal”. El programa fue concebido como una política de protección social dirigida exclusivamente a personas de 65 años o más que viven en pobreza extrema (calificada por el propio Estado a través del Sisfoh) y que carecen de una pensión contributiva. Esa precisión es fundamental.
Al 2026 y según el Midis, el programa atiende a 824.351 beneficiarios, la mayor cobertura de su historia; elevó la subvención bimestral a S/350 y logró que más del 90% de los usuarios cobre mediante una tarjeta del Banco de la Nación, facilitando el acceso incluso en zonas alejadas donde la logística es complicada. Conviene también dimensionar su alcance. En el Perú viven 4’569.766 personas de 65 años o más, por lo que los usuarios de Pensión 65 representan apenas una parte de esa población. Ello confirma que se trata de una política “focalizada” en quienes enfrentan la mayor vulnerabilidad y fragilidad económica. Persisten, sin embargo, adultos mayores en pobreza extrema que aún no acceden al programa por restricciones presupuestarias o problemas de focalización. Además, el monto sigue siendo insuficiente frente al costo de vida y el envejecimiento de la población aumentará la presión sobre el gasto social.
En ese contexto, el anuncio presidencial de la señora Keiko Fujimori, de duplicar la subvención de S/350 a S/700 bimestrales, elevando el presupuesto anual del programa en S/1.731 millones adicionales, constituye un esfuerzo fiscal significativo, aunque la fuente de financiamiento aún no ha sido anunciada. Pero este desafío no debe confundir dos debates distintos: una cosa es fortalecer una política focalizada para que llegue a todos los que cumplen sus requisitos y otra, muy diferente, es discutir una pensión básica universal, con las implicancias fiscales y previsionales que ello supone.
En tiempos de recursos limitados, focalizar no significa excluir; significa priorizar. Bajo ese criterio, Pensión 65, creado en el 2011, durante el gobierno de Ollanta Humala, ha demostrado ser un instrumento de política social valioso para proteger a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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