En el Semáforo de este martes 23 de diciembre, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, el Congreso rechazó la pensión vitalicia de Dina Boluarte por no haber sido elegida por voto popular, aplicando la Ley 26519 que reserva este beneficio solo para expresidentes electos que cumplieron un período completo. Segundo, la ministra de Economía anunció que Petro-Perú no recibirá más fondos fiscales, acompañado de una reestructuración para lograr autosuficiencia financiera. Finalmente, el Estado ha incumplido en entregar bonos a treinta y ocho huérfanos de choferes asesinados, requiriendo implementar un padrón integrado, acelerar desembolsos y garantizar atención psicológica.
🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO
🟢SIN PENSIÓN PARA BOLUARTE
El Congreso de la República, a través de un informe técnico del Área de Asesoría Laboral del Parlamento, cerró acertadamente la puerta a la pensión vitalicia que solicitaba la expresidenta Dina Boluarte. El documento concluye que es improcedente porque no fue elegida por voto popular y asumió por sucesión constitucional. La Ley 26519 establece desde el 2022 que la pensión vitalicia es exclusiva para expresidentes electos que hayan ejercido el cargo durante un período completo, criterio que ahora se aplicó al caso de Boluarte.
🟢NI UN SOL MÁS
La ministra de Economía, Denisse Miralles, anunció que Petro-Perú no recibirá más inyecciones económicas del fisco. La petrolera estatal ha requerido transferencias significativas que impactan presupuestos en otros sectores. La decisión se toma a la par de una reestructuración interna que incluye optimización de operaciones y evaluación de activos. Se espera que estas medidas permitan que la compañía logre autosuficiencia financiera. Un paso hacia mayor responsabilidad fiscal.
🔴INACEPTABLE INCUMPLIMIENTO
El Estado anunció bonos y apoyo para los huérfanos de choferes asesinados por extorsionadores. Sin embargo, la entrega se ha retrasado. Treinta y ocho menores permanecen en espera de estos beneficios. La falta de un registro oficial completo complica la identificación de todos los afectados. Es fundamental que las autoridades prioricen la implementación del padrón integrado, aceleren los desembolsos pendientes y aseguren el acceso a atención psicológica. Estos niños requieren apoyo.
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