
Este último domingo, la presidenta Dina Boluarte decidió tirar al tacho una parte clave de la Ley del sistema de pensiones que, aunque no quiera que se lo recuerden, su propio gobierno impulsó y promulgó: la prohibición del retiro de fondos de las AFP. Aprovechando el escenario mientras participaba en un evento público –quizás buscando reconocimiento para dejar atrás su bochornoso nivel de desaprobación–, Boluarte anunció que el Ejecutivo iba a opinar de manera favorable sobre la octava propuesta de retiro de pensiones, que es impulsada en más de 20 proyectos en el Congreso y que podría avanzar mañana en la Comisión de Economía, dejando atrás la negativa inicial que había sido expresada por el MEF.
A pesar de que no sea la sorpresa del año, es importante recordar que este cambio de postura no es uno más del montón: se trata de un giro de 180 grados en el seno del Ejecutivo, que se concreta a pocos días de que el propio ministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes, se opusiera a la iniciativa.
En diversos momentos, Pérez-Reyes había aclarado que el gobierno de Boluarte no estaba a favor de un nuevo retiro de pensiones de hasta 4 UIT, advirtiendo sobre el impacto económico que su aprobación podría tener.
No solo eso: tras la publicación del reglamento de la Ley de modernización del previsional el viernes pasado, el ministro había sido enfático al señalar que el Ejecutivo observaría cualquier aprobación de retiro de fondos si el Congreso insistía, pues consideraban que ya no era necesario abrir esa puerta. Es por ello que el abrupto cambio de posición liderado por Boluarte y asumido finalmente por el MEF confirma, una vez más, que las observaciones técnicas de la cartera de Economía se debilitan, mientras que priman los intereses políticos y el afán por quitarle el foco a otras noticias de suma importancia (no olvidemos al ministro Santiváñez).
Pero la crítica no debe apuntar solo al Ejecutivo. El giro más bochornoso ha sido liderado por diversos congresistas y bancadas que hoy pretenden lucir como los héroes de quienes reclaman la liberación de sus fondos previsionales, como si no hubiesen sido ellos quienes dieron luz verde a la norma que le ponía candados a los tantos retiros de las AFP.
En lugar de impulsar y promover las ansiadas mejoras que requiere un sistema de pensiones aún insuficiente, nuestras autoridades han tomado, una vez más, el camino más fácil, en aras de conseguir unos cuantos puntos de popularidad efímera.
En el corto plazo, si se llega a concretar el escenario casi inevitable de un nuevo retiro de AFP, es seguro que muchos lo celebrarán, pero también es improbable que dejen pasar por agua tibia el conveniente cambio de postura de parlamentarios, ministros y hasta la presidenta. En el largo plazo, mientras la prioridad está puesta sobre retiros eventuales de fondos previsionales, el sistema de pensiones seguirá avanzando sin un horizonte claro, beneficiando a muy pocos y dejando desprotegidos a millones.

:quality(75)/author-service-images-prod-us-east-1.publishing.aws.arc.pub/elcomercio/782df3f0-ebd1-4b3b-b362-dcd9d455ab11.png)








