Módulos Temas Día

Petardos en el Congreso, por Federico Salazar

“Convertir la censura en capricho partidario equivale a destruir la esencia del control político. Equivale a erosionar la institución de la separación de poderes”.

Federico Salazar Periodista

Marilú Martens

La interpelación a Marilú Martens en el pleno del Congreso inició a las 10 a.m. (Foto: Anthony Niño de Guzmán / El Comercio)

"En el caso de la ministra Marilú Martens, no ha habido acto reprensible". (Foto: Anthony Niño de Guzmán / El Comercio)

La interpelación a Marilú Martens en el pleno del Congreso inició a las 10 a.m. (Foto: Anthony Niño de Guzmán / El Comercio)

El Congreso interpeló a la ministra de Educación, Marilú Martens. Hubo congresistas y grupos que, incluso, pidieron su censura.

No se ha exhibido argumentos que justifiquen la censura. Nuevo Perú llegó al extremo de pedir la censura antes de la presentación de la ministra.

Con ello, el novel grupo parlamentario demuestra desconocer el significado constitucional de la censura. La desconoce, o la conoce y le importa muy poco el mandato constitucional.

Es función del congresista fiscalizar. La interpelación es una forma de hacerlo. La censura, otra, en la que se hace efectiva la responsabilidad política (art. 132).

“Responsabilidad política” no es arbitrariedad política. Censurar no equivale a “lo saco porque no me gusta”. Es una institución política no porque sea arbitraria, sino porque sigue un procedimiento parlamentario, no judicial.

El procedimiento parlamentario es el aspecto formal. Además de forma, debe haber sustancia. Se censura un acto reprensible, una responsabilidad específica sobre un acto que desmerezca la función ministerial.

En el fondo de todo acto reprensible está el mal uso del poder, el abuso del poder.

En el caso de la ministra Martens, no ha habido acto reprensible. Ella no ha cometido una infracción contra la ley o contra la moral.

La huelga de los maestros se desató, más bien, por querer aplicar la ley. Es la ley la que establece el sistema de capacitaciones y evaluaciones.

La ministra no se anticipó a los procesos de fragmentación dirigencial de los maestros. Eso dificultó la comunicación y creó expectativas erradas. No fue, pues, la ministra archieficiente.

No lograr la eficiencia de comunicación en la aplicación de la ley, ¿es una falta contra derecho, contra mandato o contra derechos fundamentales?

El nuevo grupo parlamentario Nuevo Perú no cree que la censura tenga que ver con acciones repudiables de la ministra. Cree que tiene que ver con lo que a este grupo le parece bueno sobre educación.

En un comunicado publicado antes de la interpelación, Nuevo Perú anuncia su pedido de censura por la “pésima conducción de la cartera” (Por una Educación Pública de Calidad).

¿En qué consiste esa “pésima gestión”? El comunicado no lo dice. Ello equivale a decir: “Es malo porque digo que es malo”. Por lo tanto, “porque digo que es mala, la ministra debe ser censurada”.

A las calificaciones de “pésima”, “inapropiada” y “mala” gestión no se suma un solo argumento sobre alguna conducta reprensible de la ministra. Se suma, eso sí, en otro orden de cosas, una cantidad notable de errores ortográficos y de uso del español.

El comunicado concluye con una atribución a la ministra. Ella, dice, “encarna una educación en crisis, privatista y contraria a los intereses de la mayoría del país que se educan (sic) en la escuela pública”.

Esta es una observación ideológica sobre cómo cree Nuevo Perú que debe ser la educación. Pero, los congresistas, ¿deben censurar a los ministros por no ejecutar los planes del grupo parlamentario?

Desde el punto de vista político, cada ministro, ¿debe ser responsable de lo que piensan uno u otro grupo parlamentario? El ministro, ¿no es, más bien, funcionario del Ejecutivo?

Por increíble que parezca, Nuevo Perú cree que se puede censurar a la ministra Martens por ser responsable de los encargos del gobierno y no ser responsable en relación a las ideas de Nuevo Perú.

Los congresistas no deben desnaturalizar las instituciones del control político y del balance de poderes.

Convertir la censura en capricho partidario equivale a destruir la esencia del control político. Equivale a erosionar la institución de la separación de poderes. Implica quebrar el Estado de derecho en su columna principal.

El gobierno no debe ser arbitrario, pero tampoco el Congreso puede ser caprichoso. El caso de Nuevo Perú debe servir para reconvenir a los congresistas que creen que la censura es un poder sin límite o condición, una especie de facultad monárquica en sus manos.

La democracia es Estado de derecho. No es arbitrariedad desde la esfera pública. No debe olvidarlo Nuevo Perú, no debe olvidarlo el Congreso.

Tags Relacionados:

Nuevo Perú

Marilú Martens

Congreso

Leer comentarios ()

Hoy en portada

Subir
Fotogalerías