El enorme pozo negro

Cuando, en junio último, la Junta General de Accionistas (JGA) de Petro-Perú nombró un directorio de primer nivel que había reconocido la necesidad de lograr una gestión privada para la petrolera estatal, los peruanos creímos que podríamos encontrar una luz al final de este enorme túnel. Sin embargo, nuestras ilusiones duraron muy poco. El directorio había planteado medidas de urgencia que debían ser tomadas por el gobierno de Dina Boluarte, pero frente a la demora en aprobar lo planteado el directorio renunció.

El problema con las empresas públicas es que, al ser de “todos los peruanos”, en la práctica no son de nadie. Es decir, no tienen un dueño que las cuide. Nadie es personalmente responsable de nada. Esto genera que los directivos no se preocupen por el funcionamiento de la empresa. En contraste, en una empresa privada, los accionistas exigen un adecuado gobierno corporativo, nombrando buenos directivos y estableciendo metas de cumplimiento estrictas. Si estas metas no se cumplen, usualmente los directivos son despedidos y la empresa es reestructurada. Pero, cuando se trata de una empresa estatal, si esta está mal manejada o pierde dinero, como Petro-Perú, los directivos voltean a pedirle al Ministerio de Economía y Finanzas un salvataje. Al nadie asumir responsabilidad, no hay incentivos para mejorar la gestión y tomar las decisiones difíciles que una reestructuración conlleva y, así, el círculo vicioso se repite ‘ad infinitum’.

Petro-Perú es la empresa pública peruana más grande y, por ello, es un botín para los políticos de izquierda convertidos en directivos y para los empleados de la petrolera que llevan años saqueándola y cuyas cuentas asumimos todos los peruanos. Al tercer trimestre de este año, la petrolera reporta pérdidas por US$745 millones.

Hace unos días, la JGA; es decir Rómulo Mucho y José Arista, nombraron nuevo presidente a Alejandro Narváez y gerente general a Óscar Vera. Estos nombramientos son un retroceso enorme, porque responden a intereses políticos e ideológicos y constituyen un cambio radical a lo que propuso el directorio anterior. Narváez se ha mostrado en contra de entregar la administración de Petro-Perú a un gestor privado. Más aún, en sus primeros días como presidente ha viajado a Talara a reunirse con los trabajadores para asegurarles que seguirán en sus puestos. Piensa, además, recuperar la participación de Petro-Perú en el mercado de combustibles líquidos para así garantizar su sostenibilidad económica. Lo que es, por lo menos, risible, considerando que actualmente el 76% del mercado de combustibles líquidos es atendido por empresas privadas, que son mucho más eficientes y que no tienen los problemas financieros ni de capacidad técnica de Petro-Perú.

Pero lo cierto es que el directorio anterior avanzó y, por decreto de urgencia, Narváez está obligado a reducir gastos y costos, liquidar todos los bienes inmuebles y predios de propiedad de Petro-Perú, con excepción de los activos críticos nacionales y los que sean necesarios para la operación de la empresa. Además, deberá ordenar la contratación de una firma especializada que se encargue de diseñar y gestionar la implementación del proceso de transformación integral de la compañía.

Si estos funcionarios creen que no tendrán que rendir cuentas, que sepan que los estaremos observando. No podemos permitir que continúen mermando los recursos que deberían ser destinados a mejorar la calidad de vida de los peruanos más pobres.