Un ‘pisco’ extraño, por Hugo Guerra

Es terrible que la política nacional se parezca cada vez más a la crónica policial. Sin embargo, las denuncias no pueden ser ignoradas por la prensa, y por eso ahora debemos llamar la atención sobre lo que podría estar ocurriendo con la Dirección Nacional de Inteligencia.

Hace poco, “Correo Semanal” demostró que la DINI estaba espiando a miles de peruanos, desde autoridades gubernamentales hasta líderes de la oposición, empresarios, periodistas y personalidades diversas. El destape determinó que el Congreso censurara a la entonces primera ministra Ana Jara, quien sostuvo que en todo caso esa práctica venía desde gobiernos anteriores. No hubo, sin embargo, funcionarios sancionados.

El manejo efectista del caso por parte del Ejecutivo fue tan eficiente que el humalismo llegó a victimizarse y echó cortinas de humo, so pretexto de que la DINI ya estaba desactivada temporalmente a iniciativa nada menos que de Nadine Heredia, quien propuso la medida durante el primer ‘diálogo’ (en verdad, una farsa) con la oposición.

La manipulación de la DINI por este gobierno data, no obstante, de antes, como recuerda el especialista en inteligencia Andrés Gómez de la Torre en entrevista concedida a la revista electrónica “Punto de Vista y Propuesta”: “Lamentablemente en el Decreto Legislativo N° 1141, promulgado en diciembre del 2012 vía ‘facultades delegadas’, se otorgaron excesivas funciones operativas a ciertos órganos de línea de la DINI, como la desactivada Dirección de Inteligencia Estratégica […] Heredera de las viejas direcciones de análisis de Frente Interno y Frente Externo desde el SIN de los años setenta y la transformaron lacónicamente en una Dirección de Inteligencia (D.I.), entre otros aspectos con facultad de gasto y manejo de recursos especiales […] Percibí en algún momento, a inicios de este gobierno, una sigilosa propensión, tal vez excesiva, hacia el ámbito operativo de la DINI, dejando de lado lo estratégico”.

Todo apunta, efectivamente, a que se ha venido haciendo inteligencia e investigación dentro del país, no tanto sobre el crimen organizado, sino sobre todos aquellos que pudieran ser de interés para la cúpula del Ejecutivo. Un ejemplo es el acopio informativo masivo a través de la Superintendencia de los Registros Públicos (Sunarp) para armar expedientes de “personas de interés”. 

Ahora es grave conocer que la DINI desarrolló entre los años 2012 y 2013 el proyecto Pisco, para lo cual compró secretamente a la empresa israelí Verint Systems Ltd. un sistema de inteligencia electrónica con capacidad para interceptar simultáneamente tres mil líneas telefónicas, además de equipos satelitales. Si la intención era perseguir a las bandas terroristas, de narcotráfico y otras, los equipos debieron pasar desde el principio a la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional (Dirincri). Sin embargo, siguen extrañamente a cargo de una DINI supuestamente desactivada y sobre la cual no hay certidumbre pese a que su presupuesto se incrementó en 776% en apenas dos años y medio.

La falta de transparencia es clamorosa y se justifica plenamente la desconfianza en lo que pueda estar haciendo el humalismo. Por eso es urgente que también en este caso se investigue a los funcionarios y se esclarezca si continúa el oprobioso espionaje, seguimiento y reglaje a los opositores.