Poner en agenda la descentralizació, por Gianfranco Castagnola

A casi seis meses de las elecciones generales, todavía no vemos propuestas de gobierno que podamos comentar. Seguramente en CADE 2015 los principales candidatos presentarán sus ideas para recuperar la senda del crecimiento económico, enfrentar la delincuencia, cerrar la brecha de infraestructura, mejorar la educación y la salud, etc. Ojalá que sus planteamientos se funden en diagnósticos certeros que consideren a la organización y funcionamiento del Estado como un tema trasversal clave, pues hoy, con la excepción de las contadas “islas de modernidad” –entidades relacionadas con el manejo de la economía o casos puntuales de gestión exitosa, como el Reniec–, sufrimos un Estado disfuncional que no brinda servicios de calidad a sus ciudadanos, que entorpece las actividades económicas y que no es capaz de proteger eficazmente el ambiente. En esta materia, la discusión no debe ser acerca de temas como el número de ministerios, sin impacto en el funcionamiento del Estado, sino sobre las deficiencias del proceso de descentralización, que ha mostrado malos resultados. 

Salvo pocas y notables excepciones, el desempeño de los gobiernos regionales va de mediocre a desastroso. Un buen indicador es la cifra de ejecución de la inversión pública. En el primer semestre de este año, 21 de las 25 regiones han invertido entre 20% y 70% menos que en el mismo período del 2014. 

En las regiones beneficiadas con el canon, ese privilegio no se percibe (quizá salvo en Moquegua), pues esos recursos han sido malgastados en proyectos irracionales, mal planteados, mal ejecutados o abandonados. Dejar de gastar o gastar mal en un país con tantas carencias resulta imperdonable, y es prueba de que el mayor déficit no es de recursos –nuestros ingresos fiscales se han multiplicado por cuatro en los últimos 15 años–, sino de capacidad de gestión. 

Igual ocurre en los servicios que el Estado brinda a través de las instancias regionales. Hace unos meses, en declaraciones a El Comercio, el ministro de Salud mostró cómo la descentralización genera problemas de salud pública. Un presidente regional, en su creencia de que las vacunas hacían daño, decidió en el 2009 no aplicarlas. De las 12 mil dosis entregadas, solo aplicó seis, en abierta y rebelde contradicción con las políticas nacionales de vacunación. 

Además, las autoridades regionales no han cumplido el rol político que se esperaba. No se han comportado como líderes responsables frente a los numerosos conflictos sociales, en los que pudieron haber actuado como interlocutores y negociadores racionales. La mayoría se puso de costado o, peor aun, varios se comprometieron con las posiciones más radicales e intransigentes. Finalmente, no se puede obviar la corrupción. Muchas autoridades regionales, libres de mecanismos de control de poderes, actuaron como caciques en su beneficio. Tres están presos, uno con prisión suspendida, otro fugado. 

Estos resultados eran previsibles. Desde el inicio fue un proceso improvisado, apresurado y desequilibrado. Si bien sus promotores aseguraban que la descentralización se desarrollaría con gradualidad y acreditación de capacidades de gestión, lo cierto es que el diseño no consideraba mecanismos efectivos para asegurar que ello ocurriera. Por eso, las funciones fueron transferidas alegremente por paquetes, sobre la base de “acreditaciones” que no evaluaban la verdadera capacidad de gestión de las instancias regionales y municipales, sino la verificación burocrática de indicadores irrelevantes. Por otro lado, el diseño “se olvidó” de reformar al Gobierno Central, para adecuarlo y capacitarlo para cumplir el nuevo rol que la descentralización le asignaba: financiador, diseñador de políticas nacionales, supervisor, etc. Y no se le atribuyó la facultad de intervención (en casos de suma gravedad y necesidad), que hubiera resultado disuasiva y eficaz en muchos momentos durante la última década. 

Por todo ello, si el próximo gobierno quiere mejorar la gestión pública, le resultará ineludible revisar y corregir el proceso de descentralización –sin que ello implique una inconveniente e inviable recentralización–, tomando como punto de partida el principio fundamental de que la descentralización no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para lograr un mejor Estado al servicio de los ciudadanos.