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Prisión preventiva a Ollanta Humala y Nadine Heredia: Análisis de la resolución judicial

El abogado César Azabache conversó con El Comercio sobre la orden de prisión preventiva dictada ayer contra Ollanta Humala y Nadine Heredia.

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(Foto: Archivo El Comercio)

El juez Richard Concepción Carhuancho dictó 18 meses de prisión preventiva al ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadie Heredia por posible delito de lavado de activos. (Foto: Archivo El Comercio)

(Foto: Archivo El Comercio)

En una entrevista en vivo con El Comercio, el abogado y columnista de este Diario César Azabache conversó con el editor central de Opinión, Andrés Calderón, respecto a la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho de dictar 18 meses de prisión preventiva contra el ex presidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia

Para Azabache, la resolución del juez Carhuancho tiene un mayor peso en las pruebas sobre la posible comisión del delito de lavado de activos que en las evidencias del peligro procesal (por obstrucción a la justicia o peligro de fuga).

Según el penalista, la fiscalía ha avanzado mucho en construir un caso sólido respecto de los fondos para el financiamiento de las campañas nacionalistas en las elecciones del 2006 y el 2011. Para el abogado, esa parte de la resolución judicial “es monumental [...] así como el modo en que el fiscal presenta su caso”.

Sin embargo, la segunda parte de la decisión judicial –que responde a la interrogante de si era necesaria la detención– sería menos robusta. Según explicó el abogado, para dictar una medida de prisión preventiva a la mitad de un procedimiento era necesario que la fiscalía ofrezca razones de un peligro “actual” de obstrucción a la justicia o un peligro “actual” de fuga. En ese sentido, Azabache mencionó que algunas de las pruebas utilizadas en la decisión, como la transferencia de un inmueble de la pareja Humala-Heredia a favor de sus hijas, o los audios sobre la posible compra de testigos en el caso “Madre Mía”, no tenían la actualidad requerida, sino que habían sido conocidas por el Ministerio Público hace meses.

Respecto del viaje realizado por las hijas de la ex pareja presidencial –que fue presentado como argumento por la fiscalía pero fue desestimado por el magistrado Carhuancho–, explicó Azabache que ese dato, por sí solo, no puede usarse para sustentar el peligro de fuga. Sin embargo, la fiscalía sí podía solicitar la intervención telefónica o videograbaciones para tratar de identificar movimientos de dinero hacia el lugar de destino del viaje, o planes en el extranjero, y así sostener mejor la hipótesis de un plan de fuga.

La idea central considerada por el abogado durante la entrevista es que si la fiscalía está convencida de que la pareja Humala-Heredia es culpable, lo institucionalmente correcto sería acusarlos y abrir el espacio del juicio oral para discutir su culpabilidad o inocencia. Para el entrevistado existirían pruebas suficientes (tales como la declaración de Barata, los testimonios de personas ligadas a Odebrecht, entre otros) para una sentencia condenatoria.

Por el contrario, advirtió del riesgo de que la fiscalía demore la acusación y el juicio oral, por incorporar nuevas evidencias de supuestos aportes ilícitos de la constructora OAS.

Finalmente, para Azabache se ha dado un mensaje judicial contundente respecto de las donaciones a campañas políticas y los casos de lavado de activos, que debería terminar de ser aclarado por la Corte Suprema: las personas no tienen derecho a recibir cantidades exorbitantes de dinero, en condiciones de clandestinidad, y ocultar su origen, sin responsabilidad alguna.

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