Privilegio no es ley, por Federico Salazar

El primer proyecto de ley que envía el gobierno del presidente Kuczynski tiene nombre propio. Pretende ampliar el plazo máximo de liquidación de las empresas de dos a cuatro años. 

La empresa Doe Run, de La Oroya, no logró adecuarse a las normas ambientales en los plazos establecidos por ley. Tampoco logró venderse en el término establecido. Tendría, pues, que liquidarse en veinte días. 

No hay interesados inmediatos en adquirir la empresa o parte de sus operaciones. La liquidación crea, por eso, un escenario social difícil.

El gobierno de PPK, al parecer, fue advertido de que ese podría ser su primer divorcio con la población. Por eso el propio Kuczynski lanzó la iniciativa díscola de encabezar una marcha al Congreso.

El gobierno se esfuerza en prolongar lo más posible el estado de luna de miel de sus inicios. Los ministros de Estado, en tal afán, aceptan incluso someterse a hacer calistenia frente a cámaras, antes del Consejo de Ministros.

Frente a la mayoría fujimorista en el Congreso, la estrategia del Ejecutivo se orienta a cobrar los mayores arrestos posibles ante la opinión pública. Es probable que pretenda así hacer algo de contrapeso frente a la mayoría parlamentaria.

El primer proyecto de ley enviado por el Ejecutivo al Congreso juega su partida sobre ese tablero. Se plantea legalizar un privilegio. Y se trata de poner en jaque a la mayoría para que lo acepte.

Está bien que el gobierno trate de facilitar la inversión. No está bien que lo haga creando privilegios. El proyecto de ley enviado es una norma para favorecer directa y explícitamente a Doe Run Perú.

Parte del problema se originó en la mala privatización que hizo el gobierno de Alberto Fujimori en 1997. Los gobiernos sucesivos siempre dieron ampliaciones a Doe Run. La última, de Humala, vence este 27 de agosto.

La primera iniciativa legislativa del flamante gobierno quiere ampliar el plazo de liquidación, de 2 a 4 años. Continúa con las políticas concesivas y apañadoras de los otros gobiernos. Pone como emblema de su gestión el favoritismo y la exclusividad.

El Perú tiene que convertirse en una plaza atractiva para las inversiones. El favoritismo no convoca a los capitales sino a los intereses. No nos convierte en una plaza seria, sino en un summer camp, ideal para la aventura y los aventureros.

Es probable que el presidente del Consejo de Ministros haya hecho consultas con la mayoría antes de enviar el proyecto. No es improbable que logre obtener los votos que necesita.

Si el gobierno consigue esta legislación, podrá hacer pasar cualquier otra arbitrariedad como si fuera ley. Se cuidará, por supuesto, de que se trate de iniciativas con un cariz social o laboral. Buscará, tal vez, tener un ambiente de opinión pública favorable o un estado de propaganda positivo.

La estrategia política, sin embargo, no podrá disfrazar lo que no es sino el más crudo mercantilismo. Legislar para casos específicos es lo contrario de lo que debe buscar la ley.

El efecto de una tal legislación, más allá del impacto para un grupo de trabajadores, será el de la erosión del Estado de derecho. Si el Congreso y la opinión pública llegan a consagrar el privilegio como ley, en poco tiempo tendremos un mercado de intercambios de intereses políticos por resoluciones legislativas.

Eso no nos lleva al desarrollo ni a la modernidad. Nos lleva a una política dedicada a la administración de los intereses. Eso está muy lejos del imperio del derecho y la igualdad ante la ley, verdaderos rasgos de la modernidad y el desarrollo.

Ojalá esta sea solo una torpeza de infancia. Es muy mala señal, sin embargo, que la primera iniciativa del gobierno que recién empieza sea una ley con nombre propio.