Propongamos soluciones

Si el Perú logró dar un salto gigantesco en las últimas tres décadas logrando reducir la pobreza de 57% el 2004 al 20% el 2020, incentivando la inversión privada y transformando el país, ¿dónde nos equivocamos? ¿Qué hicimos mal? ¿Cómo llegamos a la situación actual? En sencillo, nos ocupamos del crecimiento económico, pero no de lograr el desarrollo.

El Perú logró crecer mucho más rápido que el resto de los países de Latinoamérica, esencialmente por las reformas fiscales y económicas y porque el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central de Reserva se convirtieron en islas de excelencia con un manejo de país del primer mundo. El país generó el medioambiente apropiado para atraer inversión privada. Y por ello el crecimiento promedio de la inversión total en el Perú fue de 6,3% anual frente al 2,7% en la región. Pero, hasta ahí llegamos.

Nos quejamos constantemente de la mala calidad de los servicios públicos y de nuestra infraestructura, pero permitimos la repartija de puestos públicos que ocurren en el Estado y nuestra indignación, es limitada y está condicionada a nuestras preferencias políticas. ¿Cómo podemos tener un Estado eficiente si, por ejemplo, desde el 2016 hasta hoy (cinco años 10 meses) hemos tenido 14 ministros de Salud, 11 de Educación, 10 de Vivienda y 12 de Justicia? Solo en los dos años y siete meses en que Vizcarra fue presidente tuvimos siete ministros de Cultura, seis de Energía y Minas y cinco de Salud. ¿Cómo tener una buena gestión pública si los ministros duran semanas en su cargo? ¿Cuánto pueden llegar a conocer el sector, identificar prioridades y gobernar? Más aun, la falta de rendición de cuentas hace que el nuevo funcionario deje sin efecto proyectos iniciados por el anterior focalizándose solo en metas a muy corto plazo y dejando de lado las grandes reformas pendientes. Con tan poco tiempo para mostrar resultados es más fácil adoptar medidas populistas y ceder a intereses de grupos privilegiados con acceso al poder y a redes corrupción, como, por ejemplo, los casos del ministro Juan Silva y Provías o el de Petro-Perú.

El mismo Estado se ha convertido en una barrera para brindar servicios de calidad a los ciudadanos lo que se refleja en un costo directo para el país. En el caso del sector salud, el costo se refleja en enfermedades y muertes evitables. En el 2020 hubo 430 muertes maternas. Uno de cada tres niños en Cajamarca sufre de Desnutrición Crónica Infantil y el 54% de los niños de Cusco sufre de anemia. Pero ¿cómo mejoramos los indicadores de salud si el 97% de los 8.783 establecimientos de primer nivel tiene una capacidad instalada inadecuada? Y si hablamos del sector educación el costo son aprendizajes no logrados, como que solo 17,7% de los alumnos de segundo de secundaria podía resolver problemas matemáticos y que solo el 14,5% entendía lo que leía en el 2019. Y qué podemos hacer si tenemos 21.718 colegios con infraestructura en riesgo y los maestros se roban las pruebas de la reforma educativa. En cuanto al acceso a vivienda de calidad y servicios básicos, el costo es que el 90% de la expansión urbana de los últimos 20 años ha sido informal a través de invasiones ilegales o compras a traficantes de tierras, sin títulos, infraestructura ni servicios. Y qué hacemos si el Estado incentiva las invasiones al dotarlas de servicios públicos y títulos de propiedad a través de Cofopri.

El Perú va camino a convertirse en un Estado fallido y es nuestra obligación reencauzarlo. Tenemos identificados los problemas, es momento de identificar las soluciones e involucrarnos desde el sector privado. Y déjenme proponer una, la falta de partidos políticos y de cuadros capacitados para la gestión pública nos ha llevado al estado actual. ¿Y si el sector privado comienza a identificar líderes que puedan ejercer cargos públicos en sus regiones, incluso dentro de su propio personal, invierte en su capacitación y en sus candidaturas para lograr una gestión adecuada de las regiones donde operan?