¿Qué hace falta para que el Gobierno tome acciones en Pataz?

Nuestros muertos de Pataz son un llamado urgente a la acción. Es fundamental que, más allá de discursos políticos vacíos que impiden combatir la minería ilegal, se erradique la corrupción que la sustenta y se cierre el proceso de formalización minera que ha sido utilizado para perpetuar la ilegalidad. Solo con un compromiso firme y traducido en acciones se podrá garantizar la paz, el derecho al trabajo y el bienestar de la población, y detener el crimen organizado que hoy ha tomado a la minería ilegal como su principal frente de acción.

¿Qué acciones inmediatas debe tomar el gobierno? Primero, control inmediato del proceso de formalización minera integral a escala nacional. Para esto, deben quedar fuera de manera inmediata los mineros suspendidos y no podrán volver al proceso de formalización, sino empezar por el proceso ordinario; es decir, primero cumple y luego podrás operar.

Las plantas y actividades de beneficio minero deben ser asumidas por el gobierno, y que haya fiscalización por parte del OEFA, la Sunafil y el Osinergmin.

Se debe aprobar la propuesta de registro de comercializadores y productores de oro, pues se sigue lavando oro ilegal y, por eso mismo, no cuadran las cifras de lo que se reporta producido versus lo que finalmente se exporta.

Se debe prohibir el uso de mercurio para salvaguardar la salud de la población, el Congreso tiene desde hace dos años un proyecto de ley que debe discutir en el pleno.

Todo esto es urgente, pero necesitamos, además, un Congreso que represente los intereses de nuestra patria y legisle para todos, un Ejecutivo que ejecute lo que le corresponde, y órganos autónomos que garanticen la aplicación de la ley.

Las responsabilidades son claras como claros los rostros de la ilegalidad en cada poder del Estado, toca a cada uno de nosotros recordárselos y exigir que cumplan con su mandato.

Toque de queda, Fuerzas Armadas a cargo del orden interno, paralización minera total, incremento del personal policial, instalación de una base militar, activación del delito de terrorismo urbano, exclusión de los Reinfo suspendidos y solicitud de facultades legislativas. Estas son las principales medidas anunciadas por el Ejecutivo, con tono de desesperación, tras diez renovaciones sucesivas del estado de emergencia, y en medio de un escándalo que podría terminar en la censura del primer ministro.

Sin embargo, ninguna de estas acciones aborda los problemas estructurales ni revela una comprensión integral del conflicto. Son respuestas reactivas, de corto plazo, ante una crisis detonada por la ejecución de 13 trabajadores contratados en condiciones aún poco claras. ¿Qué hacer?

La primera medida estructural debería ser la eliminación definitiva del Reinfo y su reemplazo por un marco legislativo que defina con claridad los mecanismos de acceso, exploración y explotación de territorios. Todo lo que no se ajuste a ese marco debe considerarse ilegal y penalmente perseguible. Han pasado seis meses desde el último proyecto del Ejecutivo y aún no hay propuestas viables en el Congreso.

En segundo lugar, se debe intervenir toda la cadena vinculada a la producción de oro ilegal. La apropiación de concesiones o la extracción fluvial son solo la punta del iceberg. Hay eslabones invisibles: financiamiento, traslado de maquinaria, transporte y procesamiento del mineral, comercialización, contrabando de insumos, seguridad informal, trata, trabajo forzoso, extorsión y sicariato. Esta cadena exige acción interinstitucional y compromiso real de los organismos públicos involucrados. Este entramado no puede seguir siendo invisible. Se requieren intervención articulada, con urgencia, inteligencia operativa y aplicación firme de la ley.

Finalmente, se necesita fortalecer los sistemas policiales con equipamiento, tecnología e inteligencia artificial, ello permitirá fundamentar mejor las denuncias. Requerimos equipos compuestos por técnicos, fiscales y policías probos, bien equipados, autónomos y coordinados por el Ministerio Público. De nada sirve seguir ahondando las diferencias. Requerimos un trabajo integrado e integral, o perderemos frente al poder de las economías criminales.