¿Qué hacer con el Reinfo?

Este año, con un nuevo Parlamento y dos cámaras legislativas, volvemos a la misma discusión: ¿renovamos el Reinfo por un año más o aprobamos finalmente una ley MAPE para la minería artesanal y de pequeña escala?

La disyuntiva no es menor. El nuevo equipo del Ministerio de Energía y Minas tendrá que decidir entre impulsar apresuradamente una ley MAPE o prolongar un Registro Integral de Formalización Minera que, después de tantos años, ha demostrado que no formaliza. Peor aún, en muchos casos ha terminado convirtiéndose en un escudo para la informalidad, debilitando el cumplimiento de leyes y reglamentos y generando graves consecuencias para las personas y el medioambiente.

A ello se suman problemas que ya no podemos ignorar: el robo de mineral de concesiones ajenas, el lavado de dinero y la penetración de economías criminales cada vez más violentas.

Soy un convencido de que el Perú debe promover la pequeña minería y la minería artesanal. Generan empleo e ingresos en zonas donde muchas veces existen pocas alternativas económicas. Pero promoverlas no significa aceptar que todo está permitido.

La minería es una actividad de riesgo. Implica manipular explosivos, realizar excavaciones subterráneas que requieren ventilación y sostenimiento adecuados y operar instalaciones que, si no cumplen condiciones mínimas de seguridad, ocasionan accidentes y muertes.

Tampoco podemos permitir la destrucción indiscriminada de nuestros bosques amazónicos ni la contaminación de los ríos, afectando a las poblaciones aguas abajo, a la agricultura, la vegetación y la fauna. Nuestra Amazonía es demasiado frágil para seguir tolerándolo.

Lo mismo ocurre con sustancias como el mercurio y el cianuro, cuyo uso debe ser estrictamente controlado. Y frente al riesgo permanente de lluvias intensas asociadas al fenómeno El Niño y de terremotos, resulta indispensable verificar la estabilidad de depósitos de desmontes, pilas de lixiviación y relaveras. Un colapso puede destruir poblaciones, carreteras y tierras agrícolas, además de cobrar vidas.

Por eso considero que las dos alternativas que hoy se plantean son equivocadas: ni renovar simplemente el Reinfo tal como existe, ni precipitarnos a aprobar una ley que haga imposible operar legalmente a los pequeños mineros que realmente quieren formalizarse.

Hay una tercera alternativa: crear un nuevo Reinfo, mucho más simple y exigente en lo esencial, concentrado inicialmente en tres objetivos: proteger la vida de las personas, proteger el medioambiente y combatir el lavado de dinero.

El primer paso debería ser enfrentar decididamente la minería ilegal mecanizada en los ríos de la Amazonía y el uso indiscriminado del mercurio. No se trata de perseguir al minero artesanal que trabaja con herramientas elementales. A ellos debemos ayudarlos a mejorar sus prácticas, reducir progresivamente el uso del mercurio y encontrar tecnologías alternativas. Pero no podemos confundir minería artesanal con operaciones mecanizadas que destruyen enormes extensiones de bosque y contaminan ríos.

El segundo paso debe concentrarse en las plantas procesadoras, comenzando por las de mayor capacidad. Debemos verificar que cumplan condiciones mínimas de operación y seguridad, controlar el manejo de sustancias peligrosas y exigir que todas las compras de mineral a terceros sean bancarizadas y trazables. Asimismo, es indispensable auditar relaveras y pilas de lixiviación para asegurar su estabilidad.

El tercer paso es retirar del Reinfo las operaciones que, por su escala, claramente han dejado de ser pequeñas o artesanales. Deben establecerse límites razonables de producción y tratamiento. El Reinfo no puede convertirse en una puerta trasera para operaciones que, por su dimensión, deberían cumplir con las obligaciones de la minería formal.

Con estas medidas podríamos comenzar una verdadera depuración del registro.

Pero también debemos reconocer la otra cara del problema. La formalización no puede convertirse en una carrera de obstáculos burocráticos imposible de superar. Un nuevo Reinfo debería simplificar requisitos y facilitar los trámites a quienes demuestren una voluntad real de formalizarse.

No pretendamos que el 1 de enero todos cumplan de pronto con el 100% de las normas, leyes y reglamentos. Empecemos por lo fundamental: seguridad de las personas, protección ambiental, trazabilidad del mineral y control del dinero. Y avancemos progresivamente con quienes estén dispuestos a hacer el esfuerzo de ingresar a la legalidad.

Solo después de ordenar y depurar el sistema, mediante un diálogo franco entre el Estado, los pequeños mineros y los demás actores involucrados, podremos construir una nueva ley MAPE que tenga sentido práctico.

El Perú necesita una pequeña minería y una minería artesanal que puedan desarrollarse y generar empleo. Pero también necesita reglas que se cumplan. Formalizar no puede significar simplemente inscribirse en un registro. Debe significar, ante todo, trabajar sin poner en riesgo la vida de las personas, sin destruir el medioambiente y sin servir de cobertura a economías criminales.