¿Qué medidas urgentes se deben tomar contra el crimen organizado?

"La verdadera respuesta radica en la investigación criminal basada en la enorme información contenida en más de 70.000 denuncias registradas a nivel nacional en los últimos años".

Las lamentables declaraciones de la aún presidenta del Perú reflejan insensibilidad, desconocimiento, inacción y un grave desatino político frente al crecimiento del crimen, el aumento exponencial de las extorsiones y los asesinatos. Ahora mismo, representantes de diversas empresas de transporte negocian la aplicación urgente de medidas para frenar la extorsión. La situación es crítica, pues la credibilidad del gobierno en el cumplimiento de acuerdos es mínima, tras la reiterada omisión de las anteriores “mesas de diálogo”. Asimismo, los ciudadanos se resisten a denunciar en las comisarías, debido al comportamiento extorsivo de policías y la casi nula eficacia de su trabajo. El Observatorio del Crimen y la Violencia ha sustentado que, del 2018 al 2025, los presos por extorsión crecieron apenas 2,4%, mientras que las denuncias aumentaron en más del 2.000%.

La solución no son los estados de emergencia. La verdadera respuesta radica en la investigación criminal basada en la enorme información contenida en más de 70.000 denuncias registradas a escala nacional en los últimos años. Para ello se requiere invertir en tecnología e inteligencia artificial y, de inmediato, tercerizar temporalmente los servicios de ‘big data’ para organizar la información, y de IA para analizarla y generar predicciones de corto plazo.

Este proceso debe acompañarse de equipos ad hoc de policías y fiscales poligrafiados que recojan información cualitativa en las principales empresas extorsionadas. En paralelo, deben infiltrarse las organizaciones criminales y captarse sus comunicaciones con autorización judicial. Ello exige también tercerizar y controlar rigurosamente el ingreso de chips, celulares y armas a los penales, responsabilizando civil y penalmente a las empresas privadas que gestionen el sistema. Las requisas deben ser frecuentes mientras se instala un control externo estable. El sector financiero y los operadores telefónicos deben proveer información sospechosa en tiempo real e indicar las facilidades normativas necesarias.

Finalmente, no se puede descuidar el inevitable efecto globo: los extorsionadores migrarán a otros sectores, por lo que la respuesta debe ser integral y simultánea.

"Sin cooperación entre el Estado y el sector privado, la extorsión seguirá teniendo lo que más necesita: conectividad, impunidad y tiempo".

Hay dos grandes grietas en la lucha contra la extorsión que dejan en evidencia la precariedad de nuestra inteligencia policial. La primera tiene que ver con algo tan elemental como el teléfono celular. Hoy, los números desde los cuales se amenaza, se cobra y se siembra el terror están a la vista: las víctimas los entregan, los medios los publican, las autoridades los tienen. Pero aun así nadie los rastrea en tiempo real. Es un vacío operativo y tecnológico que revela la debilidad de los sistemas de delitos informáticos tanto de la policía como de la fiscalía.

A esa falla se suma un descontrol total en la venta de chips de telefonía móvil. En teoría, la venta debería realizarse verificando la identidad del comprador con su huella digital. En la práctica, cualquiera puede adquirir uno sin mostrar más que un documento. Peor aún, en Lima hay máquinas que funcionan como cajeros automáticos de chips: expenden líneas sin que se confirme quién las solicita. Y durante el verano, las empresas de telecomunicaciones reparten chips gratuitos en los peajes del sur, sin control alguno. Ese es el combustible perfecto para el crimen: el anonimato garantizado. Urge un control estricto, centralizado y en tiempo real de la venta de líneas telefónicas, y sanciones efectivas a las empresas que no cumplan.

La segunda grieta está en el dinero. Los pagos por extorsión se hacen por Yape o Plin, plataformas que muestran nombre y apellido del receptor. Aun así, nadie los ubica. Es cierto que muchas de esas cuentas pertenecen a ‘mulas digitales’, personas que prestan su identidad o sus cuentas a cambio de una comisión para recibir el dinero y reenviarlo a otros. Pero eso no exime a las autoridades de su obligación de seguir el rastro.

La trazabilidad de los pagos existe: solo falta que la PNP, la fiscalía y las ‘fintech’ trabajen juntas. Sin cooperación entre el Estado y el sector privado, la extorsión seguirá teniendo lo que más necesita: conectividad, impunidad y tiempo. No hace falta más tecnología, sino decisión política para usar la que ya tenemos.