(Ilustración: Giovanni Tazza)
(Ilustración: Giovanni Tazza)
Javier Díaz-Albertini

La educación es tanto un bien público como privado. Los países con niveles más altos de educación también son los más prósperos, seguros y pacíficos. Pero también es uno de los principales vehículos de movilidad social individual. Nuestro país no es una excepción y diversos estudios muestran que a más años de estudios, mayor es el ingreso percibido. Sin embargo, esta generalización obvia un hecho fundamental: el retorno a la inversión educativa depende fuertemente de dónde se estudia.

Ipsos periódicamente encuesta a empresas que facturan más de S/30 millones anuales para conocer sus percepciones sobre los egresados universitarios. Al indagar sobre la preferencia de universidades por carreras, la selección prácticamente se limita a 10 centros de estudios, a pesar de que tenemos cerca de 150 en el país. Además, las preferidas casi todas son limeñas y privadas.

Algo parecido ocurre con los ránkings. En el ránking QS de las mejores universidades latinoamericanas, solo diez peruanas se encuentran entre las primeras 200. ¿Adivinen qué? Son casi las mismas que las preferidas por las empresas. Y no para ahí, ya que según www.ponteencarrera.pe del Ministerio de Educación, estas universidades también ocupan los primeros lugares en el ránking de remuneraciones.

Estos datos nos remiten a las desigualdades que caracterizan nuestro sistema universitario. En primer lugar, entre las mejores, predominan las universidades privadas, caras y limeñas, con un costo promedio de S/15.000 al semestre. Por otro lado, las tres universidades públicas ubicadas en este grupo selecto tienen una ratio de admisión de 10 a 1 y todas son limeñas. Es decir, para la mayoría es bastante difícil acceder a educación de calidad sea por el costo, el reducido número de vacantes o la ubicación geográfica. Finalmente, en nuestro país, la familia es la que asume el mayor peso de la inversión en la educación.

En otras palabras, la calidad, empleabilidad y tasa de retorno a la educación superior están en relación directa con el ingreso familiar. En su informe 2015 sobre la educación en los países miembros, la OCDE considera que hay cuatro modelos de financiamiento de la educación superior, si se toman en cuenta el costo de las pensiones y el apoyo financiero que reciben los alumnos.

En un primer modelo, las pensiones son muy bajas y existen sistemas altamente desarrollados de apoyo estatal al estudiante (manutención). Es el caso de los países nórdicos que apuestan por la educación como bien público.

Un segundo modelo es de pensiones altas, pero sistemas altamente desarrollados de apoyo al estudiante. Es el modelo de base anglosajón (EE.UU.; Reino Unido). La educación es considerada primordialmente un bien privado, pero existen mecanismos –especialmente préstamos y becas– que permiten un acceso casi universal a educación de calidad.

Un tercer modelo son países con pensiones bajas, pero sistemas menos desarrollados de apoyo a los estudiantes. Bajo esta modalidad se encuentra buena parte de Europa Occidental. La mayor parte del financiamiento es público (más o menos el 90%), lo cual reduce el costo promedio de educación, pero hay poco apoyo para el pago de pensiones y la manutención del estudiante.

Finalmente, un cuarto modelo son los países con pensiones altas y sistemas menos desarrollados de apoyo a los estudiantes. Este es el caso de Chile, Japón, Corea del Sur, y también el Perú. Tiene las pensiones más caras y el financiamiento recae fuertemente en la economía familiar. Existe relativamente poco apoyo estatal o de organizaciones privadas.

Un sistema universitario fuertemente privado y financiado por la familia solo marcha si los ingresos familiares son muy altos (Japón, por ejemplo). Funciona así el clásico ‘trade-off’, mediante el cual el sacrificio del consumo actual se compensa con los abundantes beneficios del futuro. Ese no es nuestro caso. Según datos del 2013, cerca del 70% de estudiantes asiste a universidades privadas. La gran mayoría, como hemos visto antes, de dudosa calidad. Esto quiere decir que –por desgracia– la mayoría de familias está sacrificando su presente sin posibilidades de obtener mayores beneficios en el futuro. Otra razón más para poner orden en el sistema universitario.