¿Quién paga la cuenta de Camisea?

Hace pocos días, el ministro de Economía dijo que los costos generados por la crisis del gas no son responsabilidad del Estado. ¿En serio?

El numeral 5.8 del anexo I del contrato de concesión de transporte de gas natural por ductos, del 2000, establecía que el sistema “deberá tener suficiente capacidad de respaldo y redundancia, así como efectivos procedimientos de mantenimiento para alcanzar la disponibilidad especificada”, con el objetivo de proporcionar una disponibilidad anual de 99%.

Esto quiere decir que el Estado debió asegurar que Transportadora de Gas del Perú (TGP) construya infraestructura para que el servicio no se interrumpa por más de 87 horas al año, lo cual se ha excedido. Había varias soluciones: construir un ducto mellizo, construir loops en áreas donde las fallas serían más críticas, construir una planta regasificadora en Melchorita, etc.

Aparentemente, se había previsto hacer un loop en la selva, que fue dejado de lado después de atentados terroristas. También se explica que se convocó un concurso para la planta regasificadora en el 2012, pero luego se excluyó en el 2017. En cualquier caso, la responsabilidad del Estado por no concretar estos proyectos es clara.

Han pasado 26 años desde que se firmó el contrato, y ningún ministro concretó esta obligación contractual. Tampoco Osinergmin ejerció la fiscalización necesaria.

Hoy, hay al menos 100 contratos de clientes que han contratado con generadoras de distintos tipos, en los que el precio negociado está indexado al costo marginal del sistema (empresas pequeñas y medianas). Como dicho costo se ha disparado a US$300 MW/h, a fin de mes tendrán que pagar una cuenta siete veces mayor que la habitual.

Luego, existen 2.400 contratos de clientes que acordaron pagar un precio fijo de la energía o uno indexado al costo marginal con techo; habitualmente empresas más grandes. Si el contrato se hizo con empresas termoeléctricas, estas últimas deben asumir pérdidas millonarias porque han tenido que producir con diésel a un costo marginal cercano a los US$300 MW/h y vender a precios fijos de US$40 MW/h, o han tenido que pagar US$300 MW/h en el spot para atender clientes con precios de alrededor de los US$40MW/h.

También hay empresas a quienes las generadoras termoeléctricas les suspendieron sus contratos, y tuvieron que comprar directamente al spot a US$300 MW/h.

Además, existen 335.000 vehículos livianos, muchos de taxistas, que usaban gas natural vehicular y tuvieron que migrar temporalmente a gasolina, un combustible que cuesta aproximadamente 3,5 veces más que el GNV.

Por último, solo una parte de las industrias pudo migrar a diésel o GLP, otras operaron parcialmente y algunas debieron parar. Las pérdidas serían de US$200 millones diarios (Minem), y probablemente trasladarán los costos al consumidor final.

Son múltiples empresas y personas afectadas por la crisis. Si no hay caso fortuito o fuerza mayor, que debe determinar Osinergmin, TGP debe asumir la cuenta, y el Estado la responsabilidad de hacer cumplir el contrato y prever mecanismos para afrontar este tipo de eventos, como obligar a TGP a contratar un seguro. El Estado también puede iniciar una acción legal de intereses difusos, que demande a TGP en representación de los afectados para restituir las pérdidas; más allá de los juicios privados que se presentarán contra TGP.

En la crisis del gas en Massachussets (2018), el suceso se dio por una gestión inadecuada del ducto por Columbia Gas, y la empresa debió asumir US$1.000 millones –que incluyó una demanda colectiva– en restaurar casas y negocios.

El Estado no solo tiene responsabilidad en la crisis de Camisea, sino que debe actuar ahora para proteger a quienes se han visto afectados y prever regulaciones para situaciones futuras. Lavarse las manos no es una opción.