
Se anunció con bombos y platillos que en noviembre las delegaciones de APEC serían recibidas en el nuevo aeropuerto. Sabemos lo que pasó.
Nuevas fechas se fueron sucediendo con anuncios de “estamos al 99%”, “al 99,5%” y “al 99,9%”. Pero, como no hay plazo que no se cumpla, llegó la marcha blanca que indicó: todo OK, a inaugurar.
Triste que esta semana el despegue del nuevo aeropuerto no haya sido el deseado. Hubo no pocas fallas y muchos cuestionamientos que, confiemos, tendrán solución y pronta.
Ahora bien, creo que la madre de todos los problemas fue la decisión de desechar el antiguo aeropuerto, cuya adecuada funcionalidad no estaba en discusión. De hecho, originalmente no se hablaba de un nuevo aeropuerto, sino de la ampliación del existente con un nuevo terminal. Al punto que el concesionario le planteó al gobierno de Castillo que los pasajeros se dividan entre uno u otro terminal, sea por aerolíneas o por destinos. De haber sido así, mucho de lo que está ocurriendo pudo haberse evitado.
Para empezar, que la estación terminal del metro no llegue a un edificio vacío y se hubiese trabajado desde entonces la conexión entre ambos. A su vez, el ya congestionado tránsito para entrar por la avenida Faucett fue trasladado, en peores condiciones, a Morales Duárez. Si ya era prudente llegar tres horas antes, ahora menos de cuatro es de alto riesgo. Mantener ambos habría partido en dos el tráfico y reducido algo los tiempos.
Después vinieron los fracasos del gobierno de Dina Boluarte. Para empezar, Córpac sigue igual y no es garantía de seguridad. El incidente durante la marcha blanca con un avión con 600 pasajeros al que se le asignó una pista de aterrizaje equivocada lo grafica.
En tierra se le cayeron dos licitaciones para el puente Santa Rosa, con lo que hubo que reemplazarlo por puentes provisionales hasta fines del 2028, en el que, con un optimismo sin base en la experiencia, estaría ya construido el definitivo. Recién para entonces estarían habilitadas las entradas peatonales. A eso súmele la hasta ahora pésima gestión de los buses AeroExpreso que, con comodidad nivel combi, trasladan pasajeros hacia y desde el aeropuerto.
Esos pequeños “inconvenientes” son la herencia del ministro Raúl Pérez-Reyes, responsable del consenso sobre que la parte pública de este proyecto ha sido un fracaso. Como premio fue ascendido al MEF. Tener título de economista fue para Dina Boluarte la garantía de que haría las cosas bien. Léase “bien” para el populismo del Gobierno y el Congreso.
Pérez-Reyes prontamente puso en evidencia su idoneidad. Avaló en nombre del Ejecutivo la ley que aumenta en 2% el presupuesto a los gobiernos municipales y, por tanto, reduce en S/10.000 millones lo que dispondrá el Gobierno Nacional para sus atribuciones exclusivas. Ello, cuando ya este gobierno ha dejado de cumplir por dos años la regla fiscal y va por el tercero.
Todos sus predecesores han discrepado frontalmente con él. Waldo Mendoza señaló: “El MEF está en su peor momento desde 1989”. Alfredo Thorne: “Podría ser el final de la estabilidad fiscal”. David Tuesta: “Podría implicar una pérdida de clasificación y el grado de inversión”. Mercedes Araoz: “Este tipo de decisiones terminan generando inflación”. Alonso Segura: “Afecta la capacidad de sostener la estabilidad fiscal”. Ismael Benavides: “Es una barbaridad del Congreso y del ministro”. Kurt Burneo: “Las actividades exclusivas del Gobierno Nacional se están desfinanciando”. Luis Miguel Castilla: “Hasta Castillo manejaba más técnicamente las finanzas públicas”.
El ministro de los consensos lo había logrado de nuevo. Un cuadrazo así no se encuentra en cualquier parte. En la muy remota situación en la que Arana no logre la confianza, su reemplazo está cantado.