:quality(75)/author-service-images-prod-us-east-1.publishing.aws.arc.pub/elcomercio/07d0a197-a3dd-4348-bece-b2d00050106d.png "María Cecilia Villegas")
La tragedia ocurrida en el Real Plaza de Trujillo ha desnudado, de la peor manera, lo que ya todos sabíamos: el Estado no funciona. No puede siquiera supervisar una obra o la seguridad de los locales comerciales. Seis muertos y 81 heridos es el saldo de una tragedia que pudo y debió evitarse. ¿Pero qué hay detrás de esto?
Las municipalidades están encargadas de aprobar los proyectos y supervisar la construcción de obras públicas y privadas. Adicionalmente, deben fiscalizar que los locales comerciales cumplan condiciones de seguridad. En la práctica, esto no ocurre porque las municipalidades no cuentan con ingenieros expertos y quienes usualmente hacen las inspecciones no tienen la suficiente experiencia.
Pero, además, las municipalidades están plagadas de corrupción y las aprobaciones de los proyectos muchas veces condicionados a mil trabas que no garantizan ni la seguridad ni la mejor construcción o a la contratación del asesor “adecuado”. Y lo mismo ocurre con las inspecciones inopinadas, donde la amenaza del cierre de local y la arbitrariedad en la aplicación de las normas son lo común. Y esto lo sabemos bien quienes tenemos locales comerciales. La regulación y los procesos en nuestro país no garantizan la seguridad, son poco coherentes y están sujetos al abuso, la extorsión y al humor del funcionario municipal.
El problema es que la corrupción en nuestro país es un sistema y es un mecanismo válido para obtener resultados y cuyos costos, incluso, son considerados por empresas sin integridad dentro de los costos de sus proyectos. La encuesta Global de Integridad de EY 2024 encontró que el 80% de los encuestados en el Perú considera que es un desafío para las empresas en las que trabajan mantener los estándares de integridad en períodos de cambio o de condiciones de mercado difíciles. El 47% considera que los ejecutivos peruanos estarían dispuestos a comportarse de manera no ética a fin de lograr mejorar su carrera o situación financiera.
La improvisación, la falta de planificación y las soluciones a medias son parte de nuestra cultura. ¿Esto significa que todas las empresas actúan de esta manera? Por supuesto que no. Y no significa tampoco que esto es lo que sucedió en Trujillo. Pero es la realidad que enfrentamos en nuestro país y mientras no decidamos corregir el rumbo, la corrupción y la informalidad continuarán tragándose las pocas instituciones formales y eficientes que quedan en nuestro país.
El daño ha sido enorme porque, además, lo ocurrido en Trujillo se suma a la caída del puente en Chancay. Y, entonces, ¿cómo logramos que los peruanos confíen en el sector privado como motor del desarrollo si el 48% cree que los empresarios hacemos más daño que bien al país?
Necesitamos plantear soluciones. Las municipalidades a escala nacional no van a mejorar ni sus capacidades ni a eliminar la corrupción en el corto plazo. Pero es claro que el país necesita inversión privada y proyectos que generen puestos de trabajo para impulsar el desarrollo económico y la reducción de pobreza. ¿Por qué no pensamos en un esquema donde el Gobierno Central mantiene la capacidad regulatoria y el servicio de aprobación y fiscalización es tercerizado a certificadoras privadas, de gran prestigio y capacidad? Y que tengan, sobre todo, rendición de cuentas y seguros de responsabilidad. Esto permitirá elevar el nivel de los técnicos involucrados y garantizar mejores resultados, reduciendo enormemente las posibilidades de corrupción. No podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos.
