¿La reforma imposible?

Como si se tratase de un laberinto en el que cada tanto volvemos a chocar con la misma pared, cada cierto tiempo uno o varios hechos trágicos nos traen de vuelta la misma demanda –que luego es olvidada, como tantas otras cosas, hasta el próximo suceso que nos alarma y escandaliza–: es necesario reformar la Policía Nacional.

Hace no mucho lo escuchamos después de las marchas contra el régimen de Manuel Merino, con las denuncias por corrupción en los ascensos (aún en investigación) en la gestión de Pedro Castillo y ahora en el gobierno de Dina Boluarte, por las decenas de fallecidos en el contexto de las manifestaciones. ¿Por qué es tan difícil reformar esta institución?

Desde luego, analizar la imposibilidad de llevar a cabo esta demanda, que tiene casi los mismos años desde que se fundó la PNP (6 de diciembre de 1988), bajo una sola razón sería caer en un error. Existen múltiples factores, unos más profundos, desafiantes y clásicamente postergados que otros. Esto hace que la reforma de la policía sea una tarea mucho más laboriosa de lo que parece. Por ejemplo, poco se habla del nivel instructivo en las escuelas de formación de oficiales y suboficiales que reciben los que en algún momento saldrán a las calles (la falta de una enseñanza estandarizada en materias como los derechos humanos da para todo un análisis mucho más extenso).

Otros aspectos importantes son las carencias logísticas, de infraestructura y equipamiento que uno mismo, por ejemplo, puede comprobar visitando una de las tantas comisarías que lucen casi en completo abandono (aún más si estas están alejadas de una ciudad capital).

Otro factor incuestionable es la alta rotación del personal que imposibilita en muchos casos la especialización de los agentes, la impunidad en los mecanismos de sanción y, por supuesto, la corrupción en el manejo del presupuesto con el que cuenta cada una de las unidades policiales. Y así sucesivamente.

Sin embargo, en estos años cubriendo el sector policial, creo que el principal motivo es el manejo político o, mejor dicho, el manoseo político de la institución que no hace sino pervertir desde los altos mandos hacia abajo la administración y la eficacia de la policía que hace que un general apueste más por su sobrevivencia o codicia hacia el poder de turno, según sea el caso, que por brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Y esto, por supuesto, está directamente relacionado con el nivel precario, y en ciertos casos delincuencial, de nuestra clase política.

De manera que pensar en una reforma policial para una mejor institución bajo estas condiciones es casi utópico. Considere esto cuando esté delante de una urna en las próximas elecciones.