(Ilustración: Giovanni Tazza)
(Ilustración: Giovanni Tazza)
Enrique Bernales

Recuerdo haber leído durante mis años de estudiante secundario una obra de la literatura española del siglo de oro, titulada “La república al revés”. Era una de esas obras que, tras una apariencia de cosa bufa, encierra mensajes sobre situaciones donde el poder político y sus actores no se comportan como debe ser y el pueblo mientras en apariencia celebra, lo que en verdad hace es burlarse del patetismo y el ridículo de la conducta de sus gobernantes, mientras espera la oportunidad de pasarles la factura a quienes convierten su paso por el poder en una farsa.

¿Cuánto de lo que acabo de escribir nos está sucediendo? Que los hechos y conductas hablen por sí mismos. El primer escenario es el de una grave crisis política que afectó la gobernabilidad democrática y que tuvo como elemento central la renuncia a la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski. Pero cuando se temía lo peor se impuso una aparente serena solución constitucional y juró como presidente de la República. Digo apariencia de serenidad, porque Vizcarra carecía de apoyos propios para generar confianza y credibilidad a su gestión gubernamental. Esos datos sirvieron para una serie de comportamientos erráticos que nada bueno presagiaban. Era una especie de comedia de equivocaciones: los ‘ppkausas’ recelaban de su presidente, Fuerza Popular le ensayaba tímidos apoyos, mientras la población mostraba tibias reticencias que derivaron en una clara tendencia a negarle su confianza. Vizcarra en apenas dos meses de su gobierno era un presidente legal, pero carente de legitimidad. En buena cuenta, predominaban aún elementos sustantivos de una crisis política que no había desaparecido del todo; solo dormitaba.

En este contexto aparecieron nuevos hechos que añadieron más leña al fuego. Mencionemos dos: la difusión de una serie de audios que sugerían graves evidencias de corrupción en el Poder Judicial y, en segundo lugar, un penoso enfrentamiento en el Ministerio Público, especialmente entre los fiscales supremos que rápidamente derivó en una pertinaz exigencia pública de renuncia del nuevo fiscal de la Nación, a lo que este se ha negado airadamente. Fue entonces que el presidente Vizcarra tuvo el acierto de asumir una enérgica posición por la reforma del sistema judicial que recibió apoyo de la población, animándose luego a radicalizar sus exigencias, como lo hizo en su discurso del 28 de julio, en el que se refirió a la urgencia de aprobar reformas de justicia, política y el empleo del referéndum.

Estas propuestas fueron luego acompañadas por discursos con preocupantes excesos verbales y desconocimiento de los límites que la Constitución exige del presidente de la República, teniendo en cuenta la separación de poderes y la autonomía funcional de cada uno de ellos.

La reforma política centrada en el Poder Legislativo es necesaria, pero los discursos presidenciales son confrontacionales y están cargados de populismo y demagogia. No incorporaré a este análisis el sainete de los dimes y diretes en torno a las reuniones del presidente con la lideresa de Fuerza Popular. Lo esencial es que optar por la confrontación y suponer que la oposición se va a quedar callada, cuando lo habitual en política es una respuesta ácida e igualmente confrontativa, es en realidad jugar con fuego y agravar la crisis política, que caminará entonces por un callejón sin salida, donde esperan el caos y los amantes del antisistema.

Tiempo es de acabar con la república al revés y retomar sin acritudes ni segundas intenciones lo que enseña la historia: las reformas constitucionales son positivas, cuando priman criterios de razón, respeto, paz interna, desarrollo y democracia. ¿Qué es lo que debe reemplazar a la confrontación y a las amenazas para que un instrumento como el referéndum se use con prudencia y dentro de los alcances que la Constitución autoriza y también prohíbe, y no se convierta en un arma arrojadiza?

La repuesta se cae de madura: dialogar, buscar lo que une y no lo que separa; en concreto, hacer del consenso el recurso más eficaz para que una reforma constitucional permita la recuperación de la confianza, la estabilidad política y el fortalecimiento de la democracia. Pero también es importante que este diálogo sea abierto, convocante de todos los partidos políticos representados en el Congreso, de las instituciones de la sociedad. El diálogo constructivo y prospectivo es el que más contribuye al respeto de la Constitución y su estricto cumplimiento por todos, pues nadie está por encima de ella.