La reforma política en su segunda fase, por Fernando Tuesta Soldevilla*

Este es uno de aquellos momentos en los que se tiene todo a la mano y, aun así, se puede perder la oportunidad de implementar cambios, como tantas veces nos ha pasado en la historia. La reforma política es el medio para intentar mejorar la representación, la calidad de las instituciones y la gobernabilidad, así como combatir la corrupción. En este propósito se han manifestado a favor todos los partidos políticos, el Gobierno y las instituciones de la sociedad civil. Nunca, como ahora, esta reforma ha estado tan ampliamente aceptada como prioritaria en la agenda pública. Por fin se tiene conciencia de que no basta con crecer económicamente, si no mejoramos políticamente. La política ha terminado siendo los pies de plomo o el ancla negativa de nuestra vida contemporánea.

Tanto tiempo repitiendo los mismos errores y dejando que se multipliquen otros que han terminado por erosionar nuestra política, convirtiéndola en un campo no solo de malas prácticas, sino de creación de focos de corrupción, provocando un desaliento y distanciamiento de mucha gente con buenos propósitos y dejando de ser atractiva para los jóvenes. En pocas palabras, la política no da más. Pero puede ser peor.

En este último año, desde el Congreso se han presentado muchas iniciativas de reforma política, incluida la del Código Electoral. El Gobierno, por su parte, ha presentado al Congreso de la República 12 proyectos de ley trabajados por la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política (CANRP). De todo este paquete, se ha retirado el concerniente a la bicameralidad, manteniendo el resto de la propuesta. Es claro que la no presentación de la parte referida a la bicameralidad responde más a un tema de contexto político poco viable, antes que a un desacuerdo con la propuesta.

Todo parece indicar que el Gobierno no quiere aparecer presentando, nuevamente, una iniciativa de la que se distanció en el referéndum del año pasado. El Congreso, por su lado, esperaba que la bicameralidad sea parte de la propuesta y que el Gobierno tome esa iniciativa. Es decir, cada quien quería que el otro encabezara una medida necesaria, pero impopular.

Si en el Congreso se asume la propuesta, aunque dejando de lado aquellos artículos que la hicieron inviable en diciembre, el Gobierno no tendría por qué no apoyarla. Pero si se abre la posibilidad de transitar por el mismo camino que llevó al bloqueo ciudadano, no solo nacerá un modelo bicameral poco legítimo, sino que puede impactar negativamente en el conjunto de la reforma, que va más allá de la bicameralidad.

La única posibilidad de que esto prospere es que los principales actores políticos asuman la responsabilidad de la hora presente, elaborando una hoja de ruta y comprometiéndose a cumplirla. Este compromiso con la reforma política involucra al Gobierno, con el presidente y el primer ministro, pero también al Congreso, principalmente a su presidente, a la titular de la Comisión de Constitución y a los representantes de los grupos parlamentarios. Solo un mensaje claro y unificado puede crear confianza en la ciudadanía, alejada y probablemente escéptica de una reforma política a la que podrá prestar atención, pero de la que necesita entender que su resultado afectará positivamente en sus vidas.

Nada de lo último, sin embargo, quita que el paquete presentado por el Gobierno al Congreso cumple con el objetivo deseado, el de una mejora de la representación y de la calidad de las instituciones, que nos puede conducir hacia la democracia que una patria bicentenaria requiere. Todo depende de la voluntad política de los principales actores. Así de cerca, aunque puede terminar lejos.

*El autor es ex presidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política.