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El reino del permiso, por Roberto Abusada Salah

El estancamiento y la bancarrota de la India en 1990 dieron paso a un programa de liberalización de la economía

Roberto Abusada Salah Presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE)

El reino del permiso, por Roberto Abusada Salah

El reino del permiso, por Roberto Abusada Salah

Hasta hace poco tiempo se asociaba a la India con estancamiento económico y pobreza generalizada. El concepto de “tasa de crecimiento indio” aun persiste en el léxico de los economistas para designar una tasa crecimiento extremadamente baja.

Luego de su independencia de Gran Bretaña en 1947, el primer ministro Nehru impuso un modelo de planificación económica al estilo soviético. Dentro del modelo indio, empezó a surgir imparable, un enmarañado régimen de licencias, permisos y autorizaciones conocido como el ‘permit raj’, algo así como el “reino del permiso” (en alusión al British Raj o dominio británico). Durante el apogeo de tal régimen de permisos –que generaba, por supuesto, un altísimo grado de corrupción dentro del Estado–, cerca de cien agencias distintas de gobierno tenían injerencia en el control de toda la actividad económica del país. Crear una pequeña empresa, importar una computadora o despedir a un trabajador incompetente se volvió una tarea prácticamente imposible.

Luego de décadas de estancamiento causado por la aplicación del modelo económico indio y su maraña de permisos y controles, la India experimentó en 1990 un colapso económico de tal magnitud que la obligó a ser rescatada por la comunidad internacional. El estancamiento y la bancarrota de la India en 1990 dieron paso a un programa de liberalización de la economía que incluyó el desmantelamiento del ‘permit raj’ bajo la conducción del primer ministro Rao y su entonces ministro de Economía Manmohan Singh. Este evento marcó, como ningún otro el despegue económico de la India.

Mientras esto sucedía en la India, algo muy similar ocurría en el Perú. Desde la década de 1970, primaba la aplicación del modelo de sustitución de importaciones, economía cerrada, estatización de las principales actividades económicas del país, junto con la aplicación de un frondoso régimen de controles aplicado a toda la actividad privada restante. La economía colapsó en 1990 en medio del estancamiento y la hiperinflación.

Dos décadas más tarde, los peruanos podemos distinguir con nitidez que el origen de nuestro actual éxito económico y la enorme disminución de la pobreza que hemos experimentado se encuentra precisamente en el abandono de aquel modelo de economía cerrada al mundo, con empresas estatales manejando la electricidad, la minería, el petróleo, el acero, el cemento, la pesca, el transporte y el comercio exterior. Más importante aun, la liberalización de la economía implicó el fin de las licencias, controles, permisos y el resto de medidas asfixiantes aplicadas a toda la actividad creadora de riqueza.

Sin embargo, asistimos hoy al surgimiento de un nuevo tipo de intervencionismo, donde la burocracia estatal parece haber decidido reagruparse para crear un nuevo esquema de sobrerregulación y sobrefiscalización que está lentamente ahogando nuestro crecimiento y progreso. La enorme injerencia que tuvo el Estado en la producción y que fue eliminada por las políticas de liberalización, renacen hoy nuevamente usando nuevos instrumentos creados desde entes del gobierno central, gobiernos regionales y municipalidades que actúan de manera inconexa creando obstáculos, a veces insalvables, a la inversión, el empleo y el progreso.

Ciertamente la liberalización de la economía peruana requería de nuevos entes de regulación que cuiden la competencia, que dicten normas allí donde existan monopolios naturales o que intervengan allá donde el mercado no puede generar un resultado económico socialmente deseable. En cambio, lo que parece haber surgido es un Estado que quiere estar presente en la infinidad de las decisiones que los privados despliegan al invertir, emplear y producir. Decenas de entidades con funciones tan diversas como la recaudación de impuestos, la defensa civil, el control de medicamentos y la sanidad alimentaria o la supervisión de las condiciones y derechos laborales operan con un grado de discrecionalidad nunca antes visto. Todo ello crea tales niveles de incertidumbre en la relación entre el Estado y los particulares que termina inhibiendo el emprendimiento o lo empujan a la informalidad de baja productividad.

Vemos que el Ministerio de Economía, consciente del problema, creó hace meses una unidad encargada de remover obstáculos para permitir la consecución de decenas de grandes proyectos paralizados. El problema, sin embargo, está en otro lugar: en el “reino peruano del permiso” es toda la economía y sus millones de productores los que más sufren a diario el resurgimiento del monstruo burocrático.

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