Protestas y “traición a la patria”

Se desarrolló con éxito por tercera vez en nuestro país la reunión del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC) 2024, que reunió a 21 mandatarios, altos funcionarios y líderes empresariales. Una reunión de esta magnitud, que contó con la presencia de los presidentes de China y Estados Unidos, entre muchos otros líderes muy relevantes, no debe ser subestimada. Sin embargo, llamó la atención la reacción destemplada de sectores gubernamentales y afines a este respecto de la convocatoria a diferentes jornadas de protesta en contra del Gobierno y su ineficacia en el combate a la delincuencia, durante la semana de reuniones. El vocero presidencial Fredy Hinojosa llegó incluso a decir que “todo aquel que convoque a una paralización en los días en que se realice el foro APEC es un traidor a los intereses de la patria”. No solo eso, ante esa convocatoria el Gobierno, de manera súbita, decretó la realización de clases virtuales los días 11, 12 y 13 de la semana pasada, en la educación pública y privada en todos sus niveles, en los ámbitos de Lima Metropolitana, el Callao y Huaral, que se sumó a la suspensión de clases por los días no laborales establecidos el 14 y el 15.

Una decisión tan perjudicial para el sector educación, que se suma a la pérdida de clases producto de paralizaciones pasadas por protestas de empresarios y trabajadores del servicio de transporte público, y declaraciones como la reseñada parecen explicarse por un temor desproporcionado por parte del Gobierno ante el escenario de jornadas masivas y violentas de protesta. Precisamente cuando una de las cosas que más llaman la atención a cualquier analista de la realidad del país es la relativa desmovilización social que convive con un gobierno con altísimos niveles de desaprobación ciudadana y una manifiesta incapacidad para hacerse cargo de problemas tan esenciales como la inseguridad ciudadana. De hecho, las últimas protestas han tenido como punto central de agenda, no un cuestionamiento político general al Gobierno, sino más bien demandas puntuales para lograr más eficacia en el combate al crimen. El Gobierno podría construir una estrategia de respuesta gestando una alianza con los actores dispuestos a movilizarse en contra de las mafias que amenazan con imponer sus condiciones en diferentes sectores, pero opta de manera desconcertante por lógicas de confrontación.

En realidad, en esto el Gobierno sigue un guion establecido desde diciembre del 2022, cuando, respondiendo a las protestas en contra de la sucesión constitucional que llevó al poder a la presidenta Dina Boluarte, se descalificó el contenido de estas apuntando a móviles políticos “oscuros” y a la infiltración de intereses ilegales y violentos. Así como nunca se pudo mostrar evidencia que justifique este diagnóstico, tampoco puede justificarse una reacción destemplada como la reciente. Reuniones como el APEC despiertan protestas en todas partes del mundo sin que ello llame la atención, y la agenda de las manifestaciones recientes está centrada en un punto muy específico, sin cuestionar al Gobierno de manera global.

Lo que resulta preocupante es la extensión y la credibilidad que parecen tener estos discursos y diagnósticos en diferentes sectores, dentro y fuera del Gobierno. Uno podría entender que este diagnóstico se utilizara como pretexto en medio de disputas políticas; el problema es que sea considerado verosímil.